2013 promete ser un año agitado, y sus coyunturas y dinámicas habrá que leerlas con lentes electorales, pues la carrera por la silla presidencial, que inició el día mismo en que se celebraron las elecciones legislativas y municipales de 2012, no hará más que intensificarse, tiñendo con su lógica buena parte de la vida nacional. Quizás como muestra de lo que nos depara, el nuevo año arrancó con un paro del transporte público que duró tres días. El hecho se enmarca dentro de algo ya estructural: un sistema de transporte deficiente, incómodo, inseguro y que maltrata a sus usuarios. Durante décadas se ha discutido cómo mejorar este servicio, pero por intereses empresariales y políticos se ha eludido cualquier solución de fondo.
Ahora, el servicio ha vuelto a la normalidad para dar espacio a que los representantes de las gremiales empresariales y las autoridades del ramo lleguen a un acuerdo. Pero todos sabemos que mientras se mantengan las actuales condiciones del sistema de transporte público, cualquier acuerdo será letra muerta para el 80% de los salvadoreños que lo usa y lo sufre. De una vez por todas debe comprenderse que la problemática del transporte público no se resolverá con parches; es necesario un cambio radical, una reconversión de su estructura.
Ya antes se han ensayado remiendos que no dan resultado. Por decreto, se limitaron los años de servicio de los buses, pero las componendas políticas han permitido que auténticas chatarras transporten pasajeros a diario. Hace años se dividió el servicio urbano en ordinario y especial. En este último, a cambio de pagar un poco más, el usuario supuestamente viajaría en buses nuevos, cómodos, y sin ir de pie. Pero a los pocos meses, por simple obra de pintura, todos los buses ordinarios pasaron a ser especiales, con lo que el servicio se mantuvo igual, pero más caro.
Ante el fracaso reiterado de tantos remiendos, ya es hora de implementar, de una vez por todas, un nuevo sistema de transporte. El miedo de los políticos al costo electoral de una medida de este tipo es lo que nos ha estancado en este problema. Y, paradójicamente, el miedo a que este o aquel partido político implemente con éxito un nuevo y mejor sistema hace que se intente boicotear cualquier propuesta, por muy prometedora que sea. Por supuesto, todo cambio enfrenta resistencias, pero los salvadoreños llevan ya demasiado tiempo pagando las consecuencias de un servicio en extremo deficiente. Por ello, seguramente verían con buenos ojos a la administración que tenga el coraje de implementar un cambio de raíz, un cambio que dé como resultado un servicio seguro, digno y eficiente para los usuarios.
En muchos de los países que gozan de un buen servicio de transporte, la intervención del Estado ha sido fundamental. De los casos conocidos, el más cercano y reciente es el de Guatemala, que implementó el Transmetro pese a variadas resistencias y dificultades. Las autoridades guatemaltecas crearon carriles especiales para el nuevo sistema de transporte, sacaron todos los buses urbanos del recorrido del Transmetro y prohibieron la circulación de transporte pesado en la capital desde las primeras horas de la mañana hasta las primeras horas de la noche para lograr más fluidez en el tráfico. Es decir, el proceso no fue sencillo y requirió de medidas complementarias para garantizar su funcionamiento.
Aunque en nuestra realidad un cambio de ese tipo y de ese alcance aún no se vislumbra en el corto plazo más allá del papel, cada vez hay más consenso en que ha llegado el momento de una solución definitiva. Dos ingredientes que no deberán faltar en la implementación de la solución, sea cual sea esta, son diálogo y firmeza, los dos grandes ausentes en los conflictos entre las gremiales empresariales y el Gobierno. Sin un mínimo de diálogo, cualquier propuesta que se implemente será vista como una imposición; pero sin firmeza gubernamental, volverán a imponerse los empresarios del transporte público.