Obsoletos antejuicios

El sistema de antejuicio del que disfrutan nuestros diputados y otros funcionarios es totalmente obsoleto. Está simplemente dedicado a entorpecer la aplicación de justicia. Durante la administración del expresidente Saca, se pidió un antejuicio a la Asamblea Legislativa contra el general Otto Romero, ministro de Defensa en ese entonces. A pesar de que estaba plenamente probada su participación en la injusta privación de libertad cometida contra un oficial, la Asamblea desestimó la petición. En nuestros días hemos visto el lento y delirante proceso de antejuicio del diputado Rodrigo Samayoa. ¿Por qué se empleó tanto tiempo para autorizar un juicio que obviamente debía darse?

Ahora son dos parlamentarios más a los que se les quiere abrir juicio. Y no solo ha habido dilaciones, esperas, resistencias y todo tipo de maniobras para atrasar la posible decisión de desaforarlos, sino que, además y de momento, los legisladores han tomado la determinación de tomarse un plazo de quince días para pensar en si se crea o no una comisión de antejuicio que examine los dos casos, cuyos cargos no son simples. A uno se le acusa de acoso sexual y al otro de homicidio agravado en grado de tentativa contra un agente de la Policía, resistencia a la autoridad y conducción temeraria. ¿Por qué no se les pasa de una vez al sistema judicial? Se entendería que si fueran delitos de opinión cometidos a partir de su trabajo, fuese la Asamblea la que tomara decisiones al respecto. Pero si violan, acosan, actúan con violencia o conducen temerariamente, ¿por qué no son tratados como los demás ciudadanos? La única explicación es ser la creencia antidemocrática de que quien tiene más poder debe tener siempre más privilegios.

Y la verdad es exactamente la contraria. Cuanto más poder delegado por el pueblo se tiene, más responsabilidad se adquiere. En ese sentido, si la PNC y la Fiscalía creen, con base en pruebas técnicas o testimonios, que un diputado es sospechoso de haber cometido un delito, debería ponérsele inmediatamente a las órdenes de un juez. Si tienen mayor obligación que el resto de los ciudadanos de cumplir las leyes, deberían ser llevados a la justicia con más celeridad, y no con esta lentitud coronada las más de las veces de impunidad. La vergonzosa actitud de la Asamblea Legislativa en el caso del diputado Francisco Merino hace ya más de diez años no debía convertirse en costumbre. Y debería enseñarnos a romper ese modo absurdo de actuar frente al delito de cualquier diputado.

El procedimiento de antejuicio no es el único obsoleto que existe en El Salvador, pero ciertamente da vergüenza. Porque parece más un procedimiento para proteger la impunidad de los diputados y otros privilegiados gubernamentales que un apoyo a la justicia. Bueno está que se avise de la detención de cualquier diputado a la Asamblea y que esta tenga un observador en los juicios. Pero cuando las pruebas llevan a la Policía o a la Fiscalía a iniciar un juicio contra un diputado, el juez ha de decidir si debe haber juicio o no, en vez del cuerpo negociador de la Asamblea. Tiene su lógica que una Constitución redactada durante una guerra civil cruel y violadora de derechos humanos protegiera excesivamente a parlamentarios y funcionarios de alto nivel. Pero en tiempos en los que se nos exige transparencia y honestidad, la igualdad ante la ley debe ser la prioridad.