Oponerse por oponerse, sin entender nada

La reacción del presidente Bukele ante el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa sobre la conformación de la Autoridad Nacional del Agua es un preludio de lo que se verá en los próximos años. Por un lado, el anuncio del veto a “la ley” confirma que la actitud del presidente no ha cambiado a pesar de la nueva correlación de fuerzas a su favor. La reacción fue intempestiva e irracional, porque no se aprobó ninguna ley, sino que se consensuó un artículo, quizá el más importante, pero solo un artículo, que se suma a los 50 que tienen visto bueno de un total de 160 del anteproyecto de ley. Además, en el rechazo no se esgrimió ningún argumento de fondo para justificar el veto. El mensaje del mandatario es claro: si algo no procede de él, no se aprueba, independientemente de que el contenido sea o no bueno.

Un coro de diputados electos de Nuevas Ideas se sumó al rechazo del presidente, también sin argumentar nada. Una de ellos afirmó en un espacio televisivo que el rechazo obedece a que no aprobarán ningún proyecto privatizador, reflejando así que no tenía la menor idea del artículo consensuado por la comisión legislativa. Los nuevos legisladores afirmaron: “Vamos a respaldar lo que diga el presidente, punto”; es decir, darán sus votos y prestarán sus voces para todo deseo presidencial, independientemente de contenidos y razones. Como adelantó la campaña electoral, el hemiciclo será un mero altoparlante de lo que dicte Casa Presidencial. Por otra parte, la apresurada reacción de Bukele probablemente desincentivará a los miembros de la comisión legislativa a seguir discutiendo el anteproyecto de ley. Al final, pues, la ira presidencial y los hurras de la futura bancada de Nuevas Ideas se quedarán en mero espectáculo para alimentar las redes sociales de sus fieles.

Nada en los últimos años ha tenido mayor consenso social que el derecho humano al agua. En la encuesta publicada por el Iudop a inicios de 2020, prácticamente toda la población encuestada (99.5%) manifestó estar de acuerdo con que el agua es un derecho humano. Esta toma de conciencia no es espontánea, sino fruto de la lucha que el movimiento social emprendió hace 15 años, desde que en 2006 se presentó a la Asamblea Legislativa el primer anteproyecto de Ley General de Aguas. Muchas cosas han pasado desde entonces. Cientos de miles de firmas de la ciudadanía fueron presentadas apoyando este derecho; multitud de comunicados, foros y movilizaciones se organizaron alrededor de la lucha por el agua, que, en el fondo, no es más que una defensa de la vida y del futuro de El Salvador. Todo ese proceso culminó en la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas que fue presentada a la Asamblea Legislativa a inicios del año pasado.

El agua ha unido a los más diversos sectores de la vida nacional: Iglesias católica y evangélicas históricas, organizaciones comunitarias y sociales, colectivo LGBTI, movimientos feminista y ambientalista, instituciones académicas, colegios y un largo etcétera. Lo acordado esta semana por la comisión legislativa responde a la propuesta de ley respaldada por el movimiento social. En el artículo consensuado por la comisión, los cinco integrantes de la Autoridad Nacional del Agua son representantes de instancias estatales, respondiendo al clamor popular de que sea el Estado el primer garante de que se cumpla el derecho humano al agua. En cualquier caso, será responsabilidad de la nueva legislatura aprobar una ley de agua que responda a las exigencias ciudadanas de todos estos años. El Gobierno no la tendrá fácil, porque le será difícil conciliar la permisividad mostrada para proyectos evidentemente dañinos para el medioambiente y una ley que lo proteja, como se ha planteado en la propuesta de ley en discusión.