Oportunidad para rectificar

Con base en el número de fallecidos y heridos en enfrentamientos entre pandilleros y agentes de la Policía, el Idhuca presentó hace más de un año una denuncia de ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los datos dan plena seguridad de que existió abuso de la fuerza por parte de la PNC, pues, en los últimos tiempos, por cada baja policial en un enfrentamiento con pandillas, morían en torno a cuarenta pandilleros. Y mientras que en la Policía había más heridos que muertos, algo normal en los enfrentamientos armados, entre los miembros de pandillas pasaba siempre lo inusual: más muertos que heridos. Los datos que usó el Idhuca para sustentar la denuncia fueron los entregados oficialmente por la PNC.

Hace pocos días, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó un informe de más de cien páginas en el que se insiste en la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Se muestra, además, una serie de patrones de comportamiento que avalan las denuncias de abuso de la fuerza. Para el informe, la Procuraduría eligió 48 casos de ejecución extrajudicial que dejaron un total de 116 víctimas mortales entre los años 2014 y 2018. En un buen número de esos casos, destaca la cantidad de balas que impactaron en los cuerpos. De 93 fallecidos por disparos de armas de fuego, sesenta tenían en el cuerpo entre seis y 29 orificios de bala, según los reportes de las autopsias. Es difícil pensar que no hay afán de rematar heridos cuando una persona tiene tantas balas en el cuerpo.

A estos datos se añade la versión oficial usual sobre los enfrentamientos, según la cual agentes de la PNC son atacados por sorpresa por pandilleros bien armados; pese a estar en minoría, repelen el ataque con un saldo de ocho o nueve pandilleros muertos y ningún oficial herido. Hay indicios claros —en algunos casos, incluso pruebas fehacientes— de falso testimonio y modificación de la escena del crimen por parte de policías. Señales de tortura en los cadáveres, y amenazas y presiones a los familiares de las víctimas fortalecen la afirmación de que entre 2014 y 2018 hubo ejecuciones extrajudiciales. El informe de la Procuraduría llega en buen momento, pues el arranque del nuevo Gobierno abre la oportunidad de eliminar inercias institucionales, cambiar malas prácticas, perseguir el delito al interior de la PNC y lograr que la corporación retorne a lo que fue en sus inicios: una Policía que generaba confianza entre la población porque no abusaba de nadie, protegía al débil y mostraba mayor eficacia en la persecución del crimen que las policías militarizadas que la precedieron.

La opción clara por los derechos humanos, expresada casi siempre en los pronunciamientos policiales, tiene que ser real, debe estar presente en todos los modos de proceder de la institución. El diálogo con defensores y defensoras de derechos humanos, con periodistas y con otros sectores preocupados por el respeto de las garantías constitucionales debe ser constante. Las ejecuciones extrajudiciales no se pueden negar. Es necesario investigarlas y sancionar a sus autores, pues destrozan la confianza ciudadana en la PNC. El abuso de la fuerza debe ser severamente vigilado y controlado, porque facilita que se den ejecuciones extrajudiciales. En la Policía hay recursos, personas y conocimiento suficientes para perseguir el delito y garantizar el orden sin caer en el abuso. Es cuestión de tener hoy la voluntad de la que carecieron las administraciones anteriores.