Con la convocatoria oficial del Tribunal Supremo Electoral entramos a la recta final hacia las elecciones municipales y legislativas de marzo del próximo año. Tal y como se presentan las cosas, los salvadoreños y salvadoreñas estamos a punto de asistir a un proceso que puede constituirse en el capítulo más controversial de la historia electoral reciente del país. ¿La razón? Nunca en los últimos 20 años las reglas del juego han estado más enredadas que en estas elecciones. Si en los próximos días las cosas no se aclaran como deben, correremos el peligro de que las elecciones, en vez de significar un avance democrático, se conviertan en ocasión de nuevas manipulaciones y estériles confrontaciones y discrepancias entre las fuerzas políticas del país.
Las justificaciones más simplistas para esta situación seguramente achacarán toda la responsabilidad a las sentencias de carácter político-electoral de la Sala de lo Constitucional. Pero, en realidad, estas han significado la única posibilidad de avance de la democracia en los últimos años. Son los partidos políticos los que han desvirtuado los dictámenes de la Sala y han puesto todos los obstáculos para impedir que se cumplan. Su resistencia a perder poder a través del juego electoral les ha hecho enredar las reglas y crear este ambiente lleno de muchas dudas y muy pocas certezas.
En primer lugar, no salimos de la incertidumbre sobre la existencia del PCN y del PDC. Mientras una sala de la Corte Suprema de Justicia decide que sigan existiendo y otra dice que no, el Tribunal Supremo Electoral se divide y tres de los cinco magistrados dicen que el proceso marchará sin los dos institutos políticos. Por su parte, ambos partidos parecen no ponerse de acuerdo en su interior. Algunos de sus militantes aceptan que participarán en las elecciones con los partidos creados y la propaganda de los nuevos clones ya forma parte del variopinto paisaje propagandístico. Por otro lado, sus altos dirigentes, aquellos que desde hace muchos años han hecho de los curules de la Asamblea su modo de vivir y no de servir al país, dicen que correrán simultáneamente con sus viejos partidos y con los nuevos. Evidentemente, estos dirigentes persiguen captar más votos presentando dos caras de una misma moneda y, sobre todo, captar el financiamiento del Estado a través de sus viejos partidos. ¿Quién nos puede decir con seguridad si correrán los nuevos, los viejos o ambos simultáneamente?
Otro nubarrón que se cierne sobre el próximo proceso electoral tiene que ver con las reformas ordenadas por la Sala de lo Constitucional y deformadas por los partidos políticos. ¿Quién puede aclararnos todas las dudas que surgen a partir de la nueva forma de elegir a los diputados? ¿Se votará por personas o por bandera partidaria? ¿Las dos vías serán válidas? Si lo que valdrá es el voto por persona y no por bandera, ¿a cuántos votos tendrá derecho un ciudadano? Por ejemplo, si un departamento tiene una representación de tres diputados, ¿el ciudadano podrá votar por tres candidatos o solo tendrá derecho a marcar el rostro de uno? Si solo un voto se permitirá, ¿qué pasará si un candidato obtiene más votos que los que estipula su cociente electoral? ¿Los votos restantes serán distribuidos igualitariamente entre los otros candidatos de su partido o será la cúpula la que decidirá a través de su listado? En fin, como dijimos al principio, son abundantes las dudas y muy pocas las cert6ezas en torno a la modalidad de las próximas elecciones. Hasta el sol de hoy, no hay una voz creíble y con autoridad que aclare de una vez por todas cómo será el proceso electoral.
Por otra parte, Arena ha anunciado que invertirá más de 20 millones de dólares en la próxima campaña. Pero ¿no es este el mismo partido que se declaró en bancarrota cuando expulsó a Antonio Saca? ¿De dónde sale entonces el financiamiento? ¿Solamente de sus militantes? Por su lado, ¿cuánto invertirá el FMLN hoy que está en instancias de poder? ¿Los fondos vendrán de sus empresas y empresarios? ¿Serán solo nacionales sus colaboradores? ¿Y qué esperar de los otros partidos que viven de la política? El Salvador carece de una ley que regule las fuentes de financiamiento de los partidos y equilibre su acceso a los medios. Actualmente, nadie nos puede decir con conocimiento de causa cómo funcionan y se mantienen estas maquinarias electoreras.
Por todo lo anterior, es urgente que las instancias respectivas aclaren de una vez por todas cuáles son las reglas que normarán el próximo proceso electoral. Si ello no se hace, la confusión entre la población será tal que, como hemos dicho, nos enfrentamos a la posibilidad de tener las elecciones más controversiales de la historia reciente del país. El Tribunal Supremo Electoral está obligado a aclarar hasta el más mínimo detalle de la próxima justa electoral y los partidos políticos contendientes, a acatar las reglas de juego que se dicten. Si no, lo advertimos con tiempo, dentro de cuatro meses tendremos, en vez de resultados claros, enfrentamientos que pondrán más en entredicho nuestra democracia.