Panfleto

La semana pasada se entablaron múltiples discusiones sobre el borrador del proyecto de ley de reconciliación propuesto por el diputado Rodolfo Parker con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993. Las profundas contradicciones de ese borrador llegaron hasta la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que externó su preocupación por el intento de elaborar una nueva ley de amnistía en El Salvador. Tras una lectura atenta del documento de Parker, no cabe duda de que se trata de una propuesta de amnistía. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “amnistía” se define como “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Y la definición jurídica más extendida alude a la “extinción de la responsabilidad penal de un delito”, convirtiendo a este último en una especie de falta. El indulto, por su parte, perdona la pena, pero mantiene al hechor del crimen como culpable. En el borrador dado a conocer incluso se extingue el derecho constitucional a la indemnización. El documento, por tanto, riñe de variadas maneras con lo que se entiende como justicia transicional.

Para empezar, mientras la justicia transicional se centra especialmente en las víctimas, en escucharlas y resarcirlas, asegurando mecanismos de no repetición, el borrador insiste en buscar la verdad como objetivo básico y en impedir penas de cárcel para los victimarios. Promueve, además, la organización de una Comisión de Reconciliación sin presencia de las víctimas o de sus representantes, pero sí da espacio a los dos bandos del conflicto armado, con lo cual se abre la puerta a los victimarios. Deja en mano del Fiscal General determinar cuáles son los crímenes más graves y promover los procesos correspondientes. Establece un plazo de 180 días para presentar denuncias e insiste en que personas de la tercera edad no estarán sujetas a sanción penal alguna. Así, en vez de procesos judiciales, habría una especie de farsas jurídicas con una mínima conexión con los derechos de las víctimas y la brutalidad de los crímenes cometidos. Por ello, más que un proyecto de justicia transicional, parece un reglamento para arreglar pacíficamente discusiones entre equipos deportivos. Y acá el tema son crímenes de lesa humanidad. Estamos, pues, frente a un panfleto favorable a los victimarios elaborado por un antiguo defensor de militares.

El Idhuca ha cuestionado ante el Tribunal de Ética Gubernamental que la comisión encargada de preparar la ley de justicia transicional esté compuesta en su mayoría por personas vinculadas directa o indirectamente a los graves abusos del pasado. El Tribunal, por incapacidad o por complicidad, no ha querido tomar cartas en el asunto. Que el redactor del borrador del proyecto de ley de justicia transicional sea un abogado que en el pasado se dedicó a encubrir criminales es muestra de desprecio a las víctimas y de la intención de establecer en la práctica una nueva ley de amnistía. En el colmo del disparate, el documento de Parker busca que las indemnizaciones a las víctimas sean responsabilidad del Estado, a pesar de que la Constitución establece que la responsabilidad directa es del funcionario que haya cometido el delito, y solo subsidiariamente del Estado.

Desde la Asamblea Legislativa se ha emprendido un proceso de profundización de la política tradicional, considerada por gran parte de los salvadoreños como un verdadero fracaso. Los diputados limitan el presupuesto para derechos económicos y civiles al tiempo que aumentan solo legalmente algunos derechos que benefician a una minoría. Incrementan el número de beneficiarios del Seguro Social sin establecer los recursos para que este dé un servicio adecuado. Al mismo tiempo que aparentan beneficiar a un sector de la población, protegen a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Pretenden que quienes tienen el control del uso comercial del agua sean quienes la controlen a nivel nacional, mientras las mayorías sufren la precariedad del servicio. Hay, pues, todo un esfuerzo para que la legislación salvadoreña esté más fundada en panfletos que en leyes que respalden el bien común. Ponerles paro debe ser prioridad nacional.