¿Para cuándo una política nacional de búsqueda?

En El Salvador, la desaparición de personas es una realidad que viene de antaño y que lamentablemente no cesa. Las miles de desapariciones dan cuenta de la magnitud de una tragedia que ni siquiera el régimen de excepción, que en teoría busca garantizar la seguridad de la población, ha logrado interrumpir. En la actualidad, las desapariciones están directamente relacionadas con el actuar del crimen organizado, las distintas formas de violencia social y estatal, y con la migración irregular. Si bien el número de desaparecidos ha tenido una leve disminución en los últimos años, sigue siendo elevado, lo que muestra que es una práctica sistemática y habitual en nuestro país. Según datos de Fespad, entre 2019 y junio de 2023 se registraron 6,443 casos de personas desaparecidas. De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, se observa un incremento del 28% entre el primer trimestre de este año y el mismo período del año anterior.

La muerte de un ser querido es siempre dolorosa, pero el dolor se mitiga mediante los procesos de duelo, la sepultura del cuerpo y la certeza del fallecimiento. Ello no ocurre en el caso de las desapariciones, pues la familia vive en incertidumbre constante acerca del paradero de su pariente, lo cual genera más dolor y da pie a una situación de angustia diaria. Es por ello que las desapariciones son consideradas un crimen de lesa humanidad con carácter imprescriptible. En el fondo, pues, se trata de un problema de derechos humanos, tal como señala la ONU: “Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber ‘desaparecido’ de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores”.

A pesar de lo que esta tragedia significa, no parece que a las autoridades les preocupen las miles de desapariciones que tienen lugar en El Salvador, puesto que, hasta donde se sabe, no están tomando las medidas necesarias para atender, combatir y erradicar el flagelo. Más bien han tratado de minimizarlo y restarle importancia. Sin embargo, la multitud de casos no se puede esconder. La magnitud del problema y su impacto en la sociedad son suficiente motivo para generar e implementar una política nacional que permita la búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas. Es desolador que sean las mismas familias las que, en medio de su dolor, se dedican a buscar a sus parientes dada la incapacidad y displicencia del Estado.

En este momento, existen dos comisiones nacionales de búsqueda: la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador, y Conabusqueda, enfocada en la localización de las personas adultas desaparecidas en esa mismo momento de la historia salvadoreña. Ninguna de ellas recibe del Estado los recursos y el apoyo requeridos para cumplir con éxito su cometido. Sin embargo, en ambas hay el conocimiento y la experiencia imprescindibles para diseñar e implementar una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

El Estado no puede desentenderse del tema. Su obligación es velar por el bienestar de la población y trabajar por la erradicación de todos los delitos. Ignorar las desapariciones es un modo de permitir el crimen y dejar en la impunidad a los victimarios. Las organizaciones de derechos humanos están solicitando una respuesta del Estado y, a la vez, indicando el camino a seguir: la aprobación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas que permita prevenir, investigar, judicializar, reparar integralmente y dar garantías de no repetición del delito. Además, piden que se cree un registro nacional de fosas y un plan de exhumaciones; se establezca una mesa de diálogo con los familiares y las organizaciones de derechos humanos; que las instituciones gubernamentales actúen diligentemente y con transparencia en las investigaciones correspondientes; se apliquen sanciones adecuadas a los victimarios; y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos asuma su rol, atienda a las víctimas y a las organizaciones sociales, y resuelva sobre la responsabilidad por acción u omisión de las y los funcionarios vinculados con esta temática. Todos ellos deberían ser elementos para una política nacional de prevención y búsqueda de personas desaparecidas.