Para erradicar la pobreza

El viernes 17 de octubre se celebrará el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un problema que afecta a todos, países ricos y países pobres. El Salvador se mantiene desde hace años entre los que se denominan “de desarrollo medio”, catalogación de Naciones Unidas que disimula en parte los graves problemas que tenemos. Porque la pobreza existe aquí, y en grado superior al que reflejan los informes dedicados a medirla. Si en vez de determinar la pobreza desde la dieta calórica aplicamos con seriedad un enfoque que tenga en cuenta la construcción de capacidades, nos encontraremos con que el problema es mucho más amplio de lo que se nos dice.

Y es un problema más político que económico. El Salvador no ha logrado desarrollar una institucionalidad que garantice una serie de capacidades a sus habitantes. En buena parte porque las instituciones no son coherentes ni respetan la igual dignidad de las personas. Tener una ley que permite salarios mínimos tan dispares es no entender que el trabajo tiene la misma dignidad y que, por tanto, el salario mínimo tiene que ser igual para todos. Si no creemos en la igual dignidad del trabajo, tampoco creemos en que todos los trabajadores tienen la misma dignidad. Porque el trabajo es una de las fuentes fundamentales de dignidad de la persona. Se puede aceptar la diversidad de salarios, pero el ingreso mínimo, que responde a la dignidad laboral, tiene que ser decente, es decir, satisfacer las necesidades básicas de la familia.

Si desde la política somos incapaces de construir un sistema judicial que garantice adecuada y pronta justicia, si no organizamos un sistema educativo que sea más equitativo, si nuestro sistema de salud continúa siendo deficiente, será imposible erradicar la pobreza. Los servicios públicos que no respetan la igual dignidad de las personas reflejan, además, formas larvadas de violencia. Y la violencia, como se sabe, engendra violencia. Las maras pueden haber copiado estructuras y modos de operación estadounidenses, pero son una reacción local a la violencia estructural de las instituciones públicas salvadoreñas, que no respetan al ciudadano en su dignidad, despiertan resentimientos y generan más violencia. Un camino equivocado, sí, pero en parte provocado e impulsado por estructuras estatales que transmiten la idea de maltratar al débil al negarle sus derechos.

Erradicar la violencia es una decisión política que requiere acuerdos políticos. Y, por supuesto, poner a la política al servicio de la sociedad. Pensar que la mejora de la economía es el factor que erradicará la pobreza tiene un defecto original. La economía de mercado no vela por las personas. Es el Estado y la esfera política los que deben comprometerse en la erradicación de la pobreza. El fomento de la productividad es un factor de desarrollo necesario, pero no es el único. Las instituciones protectoras son indispensables. Y estas se crean y organizan desde la política. Más política, de la buena, es necesaria en El Salvador. Estancarse en la lucha contra la pobreza lleva siempre a la violencia y la desesperación. Erradicar la pobreza es posible, pero no lo conseguiremos mientras no sea un objetivo político auténtico, consensuado ampliamente y mensurable en el tiempo y en los resultados.