¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
Se acerca la fecha de la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se trata de una responsabilidad y una tarea de enorme importancia para nuestra vida social y democrática. La desconfianza ciudadana en el sistema judicial es fuerte, pues se suele ver a jueces ignorantes e incapaces de respetar los derechos humanos. Basta con recordar al juez ejecutor del desalojo de El Espino para tener una prueba de plena actualidad. Pero la desconfianza en los diputados es todavía mayor dada la alta dosis de irresponsabilidad que con frecuencia muestran.
La Sala de lo Constitucional saliente marcó un antes y un después en el sistema judicial no solo por su independencia clara ante los poderes económicos y políticos, sino por su capacidad de insuflar nuevos aires en la convivencia nacional desde la interpretación de la Constitución y desde el conocimiento de los derechos humanos y de los pactos y tratados internacionales sobre la materia. Elegir jueces corruptos, ignorantes o “codigueros” y sin mayores luces sería torpear el avance hacia una democracia social y respetuosa de toda persona.
En este contexto, es sumamente importante el interrogatorio y diálogo que la Asamblea Legislativa tenga con los candidatos. Y al respecto hay de entrada un problema. Si la falta de ética y la incompetencia profesional pueden estar presentes entre algunos de los candidatos a magistrado, hay diputados que no entienden la importancia del pensamiento jurídico ni saben mayor cosa sobre derechos humanos. Por ello, hay enormes posibilidades de que los abogados manejables y dispuestos a devolver favores les resulten simpáticos y agradables a un buen número de diputados. Los corruptos y los que favorecen arreglos ventajosos a los más fuertes suelen entenderse a la perfección. Y de ello da cuenta el historial de la Corte Suprema de Justicia, en el que abundan jueces débiles ante los poderosos, despreocupados de los derechos humanos, partidarios de hacer favores y disfrutar las ventajas del poder. ¿Cómo prevenir el retorno a esa tradición?
En primer lugar, exigiendo que el diálogo entre los candidatos y los diputados sea auditado por personas competentes de la sociedad civil; es decir, un grupo que haga observaciones a los diputados y rinda informe ante la opinión pública tras cada uno de los encuentros entre los candidatos y los legisladores. Con ese propósito, y si de verdad se quiere atender el reclamo ciudadano de un nuevo modo de hacer política, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, debe convocar a académicos universitarios que tengan titulación acreditada en el campo del derecho constitucional.
Otro elemento básico para una buena elección es preguntarles a los candidatos cómo entienden, si es que lo entienden, el principio de progresividad de los derechos humanos. No atender a este principio universal del pensamiento jurídico puede generar graves conflictos sociales y llevar al país a entrar en oposición con instituciones con las que se mantienen pactos internacionales. Pensar que todos los candidatos saben de estos temas es una ilusión, pues incluso el anterior presidente de la Asamblea Legislativa, a pesar de ser licenciado en derecho y haber trabajado un tiempo en la Fiscalía General de la República, mantenía una solemne ignorancia del principio de progresividad de los derechos humanos, como demostraba cuando con tanto ahínco defendía la restauración de la pena de muerte.
El diálogo entre diputados y candidatos a magistrado es siempre indispensable. Pero en el caso de la Sala de lo Constitucional, elegir a sus integrantes prescindiendo de observación y opinión independiente calificada constituiría una traición más a los salvadoreños; reelegir a personas que ya estuvieron en la Corte Suprema de Justicia y que desde allí mostraron desprecio por los derechos humanos sería un brutal ataque a la dignidad de la población. La observación técnica y ética es imprescindible.
