Pensando al revés

A muchos diputados les gusta tomar decisiones sin evaluar ni consultar. A lo sumo, consultan a quienes piensan como ellos, más para justificar sus decisiones que para reflexionar sobre lo que le conviene al país. Así se actuó al incluir en la comisión encargada de proponer una ley de justicia transicional a legisladores con un claro conflicto de intereses. Algo parecido ha sucedido en relación al tema del agua. Cuando hace algunos meses la Asamblea se topó con la oposición de la población a una ley que daba excesivo poder a instancias privadas en el ente regulador del agua, los diputados abrieron una pausa de silencio. Pero pasadas las elecciones presidenciales, volvieron a la carga. Este modo de actuar hace pensar que su lógica está sometida a los intereses de los mercaderes del agua, no a los derechos humanos.

En la misma línea debe analizarse el aumento del Fodes. Preocupados por su desprestigio, los diputados decidieron dar un paso de aparente buen hacer aumentando la transferencia de fondos a las alcaldías, pero sin preocuparse de la situación de las finanzas públicas, ni hacer una evaluación seria de la utilización del Fodes, ni ordenar legalmente el uso que la municipalidades puedan dar a esa nueva inyección de recursos. La evaluación es necesaria tanto para identificar la buenas prácticas que se han desarrollado como para impedir las malas. Algunas municipalidades han utilizado el Fodes para otorgar salarios desproporcionados o hacer proyectos de dudosa importancia y uso social. El aumento al aporte financiero para las alcaldías debió estar condicionado. No puede ser que se reduzca el presupuesto nacional afectando áreas básicas como educación, salud y seguridad, y que las municipalidades hagan lo que quieran con el dinero.

Los diputados tienen muy claro cómo subirse salarios y concederse prerrogativas antiéticas. Pero las inversiones en la gente no las manejan con la misma seriedad con la que se benefician a sí mismos. No es irreal ver en algunas de estas decisiones de la Asamblea un inicio de hostilidades hacia el próximo Gobierno. El discurso de paz y colaboración tras la paliza electoral que sufrieron los partidos tradicionales parece haber mutado en un afán de crear problemas y quitar recursos a una administración que tendrá escaso respaldo legislativo. El miedo de muchos de los diputados a perder su trabajo en las elecciones de 2021 produce agresividad y pésimas ideas. Los peores consejeros que puede tener la Asamblea Legislativa son el miedo a nuevos partidos y el deseo de satisfacer a quienes más tienen, olvidando a los pobres.

En el país, el miedo lleva siempre a las élites a apoyarse en los sectores más retrógrados y violentos. Algo muy peligroso en una sociedad que vivió una guerra civil y que se caracteriza por una extendida cultura de la violencia y de la prioridad de la fuerza bruta. Si algo necesitan los partidos tradicionales para sobrevivir no es ponerse el casco de la agresividad, sino pensar en cómo apoyar con mayor eficacia la construcción de una sociedad coherente con los derechos humanos. Olvidar a los pobres, tradición en la que caen los políticos cuando se acomodan, lleva siempre a aumentar la conflictividad interna del país. En El Salvador es urgente invertir en la gente. Al priorizar los deseos de las élites económicas, las necesidades políticas de los alcaldes y la lógica de los partidarios de la impunidad para los crímenes de lesa humanidad, la Asamblea Legislativa está pensando al revés.