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En los últimos días se ha realizado eventos y publicado artículos de opinión para explicar por qué las pensiones que han comenzado a otorgar las AFP son tan bajas. Las mujeres pensionadas recientemente dan testimonio de que su pensión no pasa del 30% del último salario recibido. La conclusión de estos eventos y de los artículos publicados, en términos generales, es la misma: las pensiones son bajas porque el Estado ha tomado gran parte de los ahorros de los pensionados y lo retribuye a una tasa muy baja. Por ello, según la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (una asociación de solo dos miembros), los cotizantes han perdido más de $2,800 millones desde la creación de las AFP.
Ciertamente, los fondos de pensiones han servido, desde el Gobierno de Antonio Saca, para aliviar las finanzas del Estado. Y eso ha incidido en que las pensiones sean minúsculas. Pero esa no es toda la verdad; es falso afirmar que la responsabilidad solo es del Estado. Las pensiones son exiguas porque un sistema de ahorro privado no puede proporcionar buenas pensiones. Y su monto se reduce aún más porque desde 2006 el Estado fue autorizado a tomar parte del ahorro de los cotizantes pagando a cambio un interés bajo en comparación a las tasas de otros instrumentos financieros. A ello se suman las comisiones que cobran las AFP por simplemente administrar los fondos, convirtiéndolas en el mejor negocio de El Salvador.
Los que solo culpan al Estado han escondido antes y siguen escondiendo hoy que la sustitución del sistema público y de reparto por uno de ahorro privado constituye una estafa para los trabajadores y supone un enorme endeudamiento para el Estado. Tan grande que no se ha podido cuantificar con exactitud, pero algunos estudios lo estiman en 20 mil millones de dólares. En contraste, de acuerdo a datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, desde que se fundaron en 1998 hasta el año 2017, las AFP han ganado $1,748.2 millones. Así, los beneficios de las AFP en 2016 equivalieron al 53% de su patrimonio neto, el segundo mayor de la región. Por contrapartida, el fondo acumulado de pensiones de los trabajadores registró un rendimiento promedio anual del 2.6%, el más bajo entre todos los países de la región.
La reforma realizada al sistema de pensiones en 2017 benefició al Estado al aliviar su carga fiscal, fue buena para las AFP al aumentar sus ganancias, pero perjudicó a los trabajadores. Desde entonces, entre trabajador y empleador se cotiza el 15% del salario, pero solo poco más de la mitad va a parar a la cuenta individual de cada trabajador. Y un detalle importante, que no suele mencionarse: el dinero de los trabajadores está en cuentas individuales, pero estas son administradas por las AFP sin que trabajadores ni empleadores puedan decir algo. Por tanto, es cierto que los últimos Gobiernos tienen cuota de responsabilidad en este grave problema, pero igualmente cierto es que también la tienen quienes se lucran de las pensiones vendiendo la idea de que las protegen.
Los eventos y publicaciones de estos días buscan preparar el terreno ante la llegada del nuevo Gobierno, pues Nayib Bukele, durante la campaña, prometió que mejoraría las pensiones. Se busca posicionar en el imaginario colectivo una narrativa que culpabiliza en exclusiva al Estado para justificar la continuidad del duopolio de las AFP y minar la probable creación de un sistema mixto que responda al bienestar de los trabajadores. Por supuesto, muy difícil será engañar a una ciudadanía que ha crecido en conciencia y escepticismo frente a los discursos de los poderosos. Más allá de retóricas y engaños, una nueva reforma de pensiones debe garantizar que el Estado no afecte los ahorros de los cotizantes y evitar que las AFP sigan haciendo negocio a costa de los trabajadores.
