Perversa necedad

De madrugada, a la hora en que acostumbra amarrar sus asuntos más oscuros, la Asamblea Legislativa eligió a los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Una elección cuyos modos repite lo que ya antes ha sido declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Según el artículo 198 de la Carta Magna, los candidatos a magistrados de la Corte deben documentar su honradez y competencia notoria para el cargo. Además, la Sala considera que por su función de jueces deben cumplir lo que la Constitución les exige: la no afiliación a ningún partido político. En su sentencia de enero de 2013, y por la que se han anulado las dos elecciones anteriores, la Sala de lo Constitucional exigió a la Asamblea una elección transparente y despartidizada de los representantes del ente fiscalizador del país. La Sala consideró que los magistrados elegidos no respondían a los principios de honorabilidad notoria e independencia partidaria que consagra la Constitución, algo que, según dijo, ponía en peligro la labor de contraloría que realiza la Corte de Cuentas de la República. Los jueces de la Sala hicieron especial énfasis en que los magistrados de la Corte de Cuentas no pueden tener afiliaciones partidarias y que la elección debe estar libre de la lógica de reparto de cuotas partidarias.

En base a ello, las razones por las que esta elección ha sido declarada inconstitucional aparecen claras: se elige por tercera vez a dos de los magistrados cuya elección ya fue objetada antes. En esta ocasión, al igual que en las precedentes, la Asamblea Legislativa no demuestra ni fundamenta las razones por las cuales considera que Gregorio Sánchez Trejo, Javier Tránsito Bernal y Rony Huezo Serrano cumplen con los requisitos para desempeñarse como magistrados del ente contralor. Al anular la segunda elección en marzo pasado, la Sala apuntó: "La Asamblea no comprobó haber dado cumplimiento a las exigencias plasmadas en el artículo 198 de la Constitución, pues la suma de atestados, informes u otra documentación no es suficiente para tener por acreditadas las cualidades de honradez y competencia notorias". Y es precisamente eso lo que volvió a faltar, documentación, aunque sí hubo muchas palabras y declaraciones a favor y en elogio de los abogados.

La actitud de los diputados es consistente con su negativa a aceptar la potestad de la Sala de lo Constitucional de juzgar los actos de la Asamblea Legislativa; en especial, las elecciones de las autoridades de segundo grado. Pareciera que los legisladores no están conscientes o simplemente les tiene sin cuidado el daño que hacen al país cuando actúan de una manera tan necia, empeñados en obrar sin más reglas que las propias, dejando a un lado no solo la Constitución, sino también el deber de dar cuenta de sus acciones a la población. Los partidos políticos, por su parte, prefieren olvidar que la Asamblea Legislativa elige a los magistrados de la Corte de Cuentas en nombre del pueblo salvadoreño, por delegación de este, y es por ello que la Asamblea debe demostrar ante la población que sus acciones son coherentes con la Constitución. Las elecciones de las autoridades de segundo grado deben ser transparentes y acordes con la ley. Los salvadoreños tienen derecho a saber por qué se ha elegido a dichas autoridades, qué cualidades tienen para ocupar sus puestos y qué garantías hay de que cumplirán debidamente con la misión encomendada. Así, en definitiva, la reciente actuación de la Asamblea Legislativa no va solo contra la Sala de lo Constitucional, sino también contra el derecho del pueblo a estar debidamente informado y contra el fortalecimiento de las instituciones.

Tan obcecada insistencia en repetir el mismo error solo puede explicarse por el afán del FMLN y de GANA de repartirse cuotas de poder, de controlar la Corte de Cuentas para garantizarse la impunidad en el ejercicio de la función pública y en el uso de los fondos públicos. Desgraciadamente, en este asunto, el Frente no nos ofrece el cambio que pregona en otras áreas y toma el relevo en los vicios que por 20 años practicaron Arena y el PCN; vicios que terminaron cansando a los ciudadanos y les separaron del poder. El cambio profundo que la población desea es que se respete la ley, se profundice la democracia, se practique la transparencia y se fortalezcan las instituciones que tienen como tarea luchar contra la corrupción. Oponerse a esto no es más que una perversa necedad.