Pobre Constitución

Una vez más fue aprobado el Presupuesto General del Estado sin mayor preocupación por respetar aspectos constitucionales. Se ha tenido que inflar la cuenta de Casa Presidencial debido a que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional pasar fondos desde los diversos ministerios a la cuenta discrecional de la presidencia sin aprobación de la Asamblea. Bien por la Sala de lo Constitucional, aunque dar cuentas a la Asamblea sea lo que menos le gusta a los presidentes desde 1988 hasta el presente. Una falta de rendimiento de cuentas que ciertamente no es muy democrática. Pero entre nosotros la democracia, a pesar de los grandes discursos, está un poco a la baja.

Siguen sin aparecer en el Presupuesto General —ni desglosados ni sin desglosar— los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Si en el futuro, como predice un diputado del FMLN, el OIE pasa a control militar, el secreto inconstitucional se volverá probablemente más férreo —granítico, como suelen decir los militares cuando se refieren a su unidad de criterios—. Pero violar algún aspecto de la Constitución en el Presupuesto no parece ser preocupación de los actuales gobernantes, como no lo fue de los anteriores. El desprecio de la Constitución por parte de Arena y el FMLN es patente y evidente. Y de los partidos pequeños mejor ni hablar, aunque hay que mencionar que a nivel particular Héctor Dada, cuando era diputado, sí expresó inquietudes serias al respecto.

Vale repetir y recordar la violación permanente del artículo 38 de la Constitución en su doceavo parágrafo, que garantiza como derecho para todos los ciudadanos recibir una indemnización laboral cuando voluntariamente se abandona una empresa. Si alguien creía que el Gobierno de Mauricio Funes retomaría ese derecho constitucional para hacerlo real través de una ley secundaria, está de momento equivocado. Menos arraigo tiene en la realidad el artículo constitucional número 17, que nos da a los ciudadanos el derecho a indemnización por retardación de justicia. Son numerosos los miembros de la Corte Suprema que incurren en dicha retardación sin que hasta el momento hayan indemnizado a alguien. Al contrario, se dedican a cobrar inmoralmente una especie de compensación económica por presentar la dimisión a su cargo 24 horas antes de que venza el plazo de su nombramiento.

Cuando la violencia nos aqueja por todas partes, cuando un comisionado de la PNC se da el lujo de decir que "quien dispara a un policía muere" —como si él fuera juez e incluso pudiera superar la no existencia de la pena de muerte en la Constitución— y cuando el Ministro de Justicia y Seguridad Pública solo puede decir frente al exabrupto del comisionado que los policías tienen derecho a la legítima defensa, la preocupación por otros detalles de la Constitución que no sean de vida o muerte parece poco importantes. Sin embargo, la Constitución es, o debería ser, el marco de nuestra convivencia pacífica. Dejar nuestra principal ley para más tarde es el hábito de todos aquellos malos políticos que acaban generando estilos de gobierno autoritarios, poco democráticos y que al final mantienen a la mayoría de la población en la insatisfacción permanente. Eso aunque algunos presidentes —a base de un buen manejo mediático de la imagen— mantengan alta su popularidad.

La Constitución es nuestro marco básico de convivencia. Incumplir artículos que nos resultan enojosos o inconvenientes no es el mejor camino para establecer el Estado de derecho que con tanta pompa solemos anunciar y defender. La violencia empieza las más de las veces desde arriba y no desde abajo. Y cuando los dirigentes de los tres poderes del Estado violan tranquilamente algunos de los puntos constitucionales se vuelven parte del clima de violencia imperante. El Diccionario de la lengua española, entre las diversas acepciones de "violento" —todas muy semejantes— considera todo aquello "que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia". Nuestro modo regular debería ser la Constitución, y no la arbitrariedad de los poderes públicos. No cumplir la Constitución es ciertamente actuar fuera de razón y justicia. Y eso es violencia. Si queremos curar la violencia de abajo, no estaría de más que nos preocupáramos por curar también, y con mayor urgencia, la violencia de arriba.