Por el imperativo del bien común

Ante el aparente apoyo que la Asamblea Legislativa daba a la privatizadora Ley Integral del Agua, formulada por la ANEP y la sociedad de regantes, se han dado reacciones que tratan de superar la polémica a través de propuestas de reformas constitucionales. Dos ya han sido presentadas, una por Arena y la otra por el FMLN. Y este martes 10 de julio lo hará el arzobispado de San Salvador, con el apoyo de la UCA. En principio, las tres suponen un avance en el tema del agua. Eso es bueno y debe alegrarnos. Pero lo más importante es analizar la coherencia de las propuestas con el derecho humano al agua.

El texto de reforma presentado por Carlos Calleja tiene una orientación distinta a la de la Ley Integral del Agua. Ya solo eso es positivo. El texto es amplio, muy abierto con respecto a la ley secundaria e insiste en que el Estado proteja y preserve el derecho humano al agua y al saneamiento, dándole prioridad a esta tarea. Resulta ambigua la parte que dice que en la ley secundaria se debe garantizar este derecho de forma equitativa. Además, no excluye la participación de sujetos o intereses privados en el ente rector del recurso hídrico, y coloca el derecho al vital líquido en el artículo 69 de la Constitución.

Hace algunos años, el FMLN presentó una propuesta que fue rechazada por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa. El texto actual no ofrece diferencias sustanciales con el anterior. Insiste en el derecho humano al agua de los habitantes del país y en la obligación del Estado de “aprovechar y preservar los recursos hídricos”. Pero no menciona el tema del saneamiento, como sí lo hace Arena, pese a que constituye el mayor problema de la población en lo que respecta al derecho al agua. Sí menciona rasgos generales de salubridad y habla de cantidad suficiente, asequible y accesible de agua, algo que se echa de menos en la propuesta de Calleja. Deja desarrollos indispensables del derecho al agua para la legislación secundaria y lo coloca también en el artículo 69 de la Carta Magna.

En cambio, el texto del arzobispado ubica el derecho al agua y al saneamiento en el artículo 2 de la Constitución. En otras palabras, en vez de vincularlo a los derechos sociales, como hacen los dos partidos, lo relaciona a los derechos individuales más importantes, incluido la vida. En ese sentido, es congruente con el pensamiento oficial de la Iglesia, que considera el derecho al agua como un “derecho de derechos”, uno sin el cual no hay acceso a otros derechos fundamentales. Por otra parte, condiciona las leyes secundarias a que la distribución del agua potable y para saneamiento se lleve a cabo “sin fines de lucro”, y estipula que toda legislación posterior sobre el recurso sea especial y de orden público.

En su conjunto, la propuesta del arzobispado garantiza con mucha mayor precisión el derecho al agua y al saneamiento. Es también más democrática y más coherente con el artículo 1 de la Constitución, que exige que la persona humana sea “el origen y el fin de la actividad del Estado”. Y la propuesta de la Iglesia es la única que exige consulta y participación ciudadana en el desarrollo de la normativa. Asimismo, cosa que no hacen las otras dos, le pone frenos a posibles argucias jurídicas que buscaran darle prioridad al uso comercial del agua. La exigencia de que las leyes secundarias sean especiales y de orden público evita componendas y duplicaciones legales. Al final, se trata de que el derecho al agua y al saneamiento sea universal, para todos los hogares salvadoreños. El uso industrial, comercial o medicinal viene después, y no se pone reparos en que en ello se cobre un precio equitativo o se tenga afán de lucro.

Si queremos tomar en serio el tema del agua y su ubicación en la Constitución, es necesario dialogar, debatir, aclarar y llegar a soluciones finales compartidas. El agua no tiene colores políticos, aunque algunos malintencionados se lo quieran agregar. El agua, dada la crisis hídrica que se cierne sobre El Salvador, no debe convertirse en cuestión de cálculo electoral ni en asunto de pleito o de camorra. Es positivo que haya distintas propuestas. Lo importante es que el resultado final sea lo más coherente posible con el derecho humano al agua y el bien común.