Presos políticos

Los presos políticos, así como los partidos únicos o los partidos hegemónicos, no tienen cabida en una democracia, son propios de los regímenes autoritarios. Sin embargo, no hay un consenso universal sobre qué es un preso político. En general, se entiende que es una persona privada de libertad por mantener y expresar una postura opuesta al poder de turno. El Foro Penal de Venezuela, producto de su vasta experiencia en estos casos, ha determinado que existen tres criterios que definen a un preso político.

El primer, que la persona haya sido privada de libertad de forma arbitraria; el segundo, que no haya sido detenida por uso de la violencia; y el tercero, que la detención tenga una motivación política. En este último criterio, los especialistas han definido tres situaciones de detención con motivación política: (1) la persona es detenida para ser neutralizada por lo que significa o representa a nivel individual; (2) es detenida no por su significado individual, sino para enviar un mensaje al grupo u organización a la que pertenece; y (3) para crear una narrativa oficial que justifique o excuse fallas gubernamentales en ciertas áreas.

No pocas detenciones recientes en El Salvador reúnen los criterios ya mencionados. La detención y el irregular proceso judicial contra los líderes de Santa Marta son interpretados como un mensaje para quienes se opongan y organicen en contra de la minería; varios exfuncionarios de Gobiernos anteriores ha sido encarcelados sin seguir el debido proceso y en abierta violación a sus derechos fundamentales; la detención de sindicalistas con dedicatoria para los trabajadores organizados; y el arresto de Fidel Zabala luego de denunciar las torturas y atrocidades en los centros penales. El delito de “asociaciones ilícitas” se extiende y aplica a quienes ejercen la crítica; se ha llegado a la judicialización de la política, es decir, al uso del sistema de justicia para obtener rendimientos políticos.

En el país se arman casos “a la carta” contra defensores de derechos humanos, ambientalistas o cualquiera persona que resulte molesta para el oficialismo. En contrapartida, los funcionarios de Nuevas Ideas están blindados. Por ejemplo, ¿dónde quedó el caso de las 100 mil personas que se beneficiaron del bono de $300 durante la pandemia de covid? ¿Qué se supo de la empresa mexicana a la que el Ministerio de Agricultura y Ganadería le compró atún enlatado y que las autoridades de aquel país definieron como empresa fantasma? ¿Hay alguien arrestado por el gasto injustificado de más de 8 y medio millones de dólares de las tiendas de los centros penales? Durante la pandemia se observaron irregularidades en dos terceras partes de las adquisiciones, según señalaron fiscales anticorrupción que posteriormente fueron destituidos. El nuevo fiscal puso fin a las investigaciones de corrupción en contra de funcionarios del partido en el poder, y arrestó por cargos similares a políticos o figuras opositoras.

Es sintomático que, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la población salvadoreña perciba que la corrupción va en aumento. En 2014, el país ocupaba el puesto 80 entre 174 países; en 2019 bajó a la posición 126; y en 2024 cayó a la 130 entre 180 países. Es evidente que una parte del quehacer de la Fiscalía y de los jueces al servicio del oficialismo no es contra la corrupción, sino contra personas y organizaciones que estorban, y que esa persecución obedece a motivaciones políticas.