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El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y la Ley de Salarios para 2025. El presupuesto alcanza los 9,663 millones de dólares, 970 millones menos que el de este año. De inmediato, la lupa de la opinión pública se centró en las carteras a las que se les reduce la asignación y aquellas otras que experimentan un aumento presupuestario. Por su parte, la propaganda oficial destacó que no habría “necesidad de emitir un solo centavo de deuda para la cancelación de pagos corrientes”. Desde hace ya algún tiempo, organismos financieros internacionales le exigen a El Salvador realizar un ajuste fiscal para ser sujeto de préstamo, ya sea aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Y según lo que está a la vista, la administración de Nayib Bukele ha optado por la alternativa de reducir los gastos.
Para conocer las verdaderas prioridades de un Gobierno, más que fijarse en lo que dice, hay que ver su presupuesto. Este es una herramienta no solo económica, sino de política fiscal. El presupuesto muestra las prioridades y objetivos gubernamentales para un país; y de dónde obtiene los recursos financieros y cómo los redistribuye. Salvo alguna emergencia grave, lo que se presupuesta es lo que hace. Todo lo anterior es válido en un país normal, pero El Salvador de hoy no lo es. En el Salvador, el presupuesto que se ejecuta no es el mismo que se presenta a la Asamblea Legislativa. En 2022, se hicieron 56 reformas a la estructura presupuestaria y en 2023, 57. Hasta el mes de julio de este año, ya se habían hecho 31 modificaciones.
El presupuesto proyectado para 2025 reduce recursos para Salud, Educación, Agricultura, Hacienda y Justicia, y aumenta la asignación a Defensa (Fuerza Armada), a la Presidencia, al Órgano Judicial y a Gobernación y Desarrollo Territorial. Es decir, los recortes impactarán a los sectores sociales que más dependen de los servicios públicos. Salud y Educación son las carteras a las que más se recorta. Además, según proyecciones, 11,176 empleados públicos serán despedidos en 2025. El recorte también incluye medidas como la suspensión de aumentos y nivelaciones salariales, la prohibición de abrir nuevas plazas, y el congelamiento de los escalafones de salud y de educación. Y no hay que perder de vista que la deuda del Estado con los ahorrantes de las AFP ya sobrepasa los 10 mil 230 millones de dólares, 5 mil millones más que en 2019, con el agravante de que por una reforma al sistema de pensiones promovida por el oficialismo, el Gobierno no pagará intereses ni capital de la deuda previsional hasta 2027.
Es otras palabras, el recorte presupuestario lo sufrirá la población que usa los servicios públicos de salud y educación, y los empleados públicos que serán despedidos. Así las cosas, el Ejecutivo está más interesado en cumplir las exigencias de organismos externos, aplicando medicina amarga a los sectores más pobres del país, que en atender las necesidades básicas de las mayorías. Mientras, la nueva élite cyan sigue con su tren de gastos y despilfarros, disfrutando de las mieles del poder.
