Con base en datos oficiales, se publicó recientemente que en paralelo a la reducción del desempleo, el subempleo había aumentado, llegando a afectar al 40% de la población urbana económicamente activa. En un país como el nuestro, cada vez con más gente en las ciudades, el dato es grave. Además, el subempleo en el área rural cubre a un porcentaje mayor dada la dificultad de los campesinos para obtener un ingreso digno. Nadie duda hoy que el trabajo es un deber y un derecho, pero el derecho a un trabajo digno y remunerado con justicia continúa siendo un déficit de la humanidad. Y América Latina presenta el rostro dolorido de un trabajo muchas veces duro, extenuante y muy mal pagado. Si en El Salvador se hiciera depender el subempleo de que la plaza de trabajo esté cubierta por elementos básicos de protección social, como el Seguro Social y el sistema de pensiones, los números serían todavía mayores.
La dificultad de acceder a un empleo con un salario digno, que cubra las necesidades básicas de la persona, incluidos sus derechos al descanso y a la cultura, impide que los jóvenes alcancen su autorrealización. El papa Juan Pablo II, comentando el centésimo aniversario del primer mensaje vaticano sobre los derechos de los trabajadores, decía que una sociedad que niega el derecho a un salario justo y decente, y cuyas medidas de política económica “no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social”. Revisar las políticas existentes y defender los derechos laborales es obligación del Estado. Y en el caso de El Salvador, no basta defender la legislación vigente, sino que es necesario, por un lado, ampliar las normativas de manera que cubran a toda la población económicamente activa y, por otro, enfrentar las externalidades que puedan afectar a los trabajadores. Son conocidos los casos de empresas extrajeras que abandonan el país sin cumplir las obligaciones con su personal. La destrucción de cosechas por inundaciones a causa de la falta de mantenimiento de los bordos de los ríos es noticia habitual cuando las lluvias son especialmente fuertes. Hoy en día, además, los agricultores enfrentan graves problemas por los altos costos de los insumos agrícolas. Y el salario en el campo es inferior al costo de la canasta básica ampliada. Por otra parte, que las mujeres que trabajan en el cuido del hogar no tengan acceso a pensión indica también una clara falta de conciencia ética en los políticos. Estos y otros muchos son problemas reales que el Estado debe prevenir y solventar.
El papa Francisco, en línea con el pensamiento social de la Iglesia, que da prioridad al trabajo sobre el capital, recalcó en uno de sus últimos documentos lo que en la tradición cristiana se denomina el “destino universal de los bienes”. En otras palabras, si el mundo es la casa de todos, toda persona debe vivir dignamente con su trabajo sobre el mundo. La desigualdad humillante y la marginación negadora de derechos ni son justas, ni son cristianas. Es esencial tener claro lo que sigue pendiente y es esencial para el crecimiento equitativo de la sociedad salvadoreña. Primero, impulsar y garantizar un salario mínimo igualitario que sea suficiente para el desarrollo de las capacidades personales y la autorrealización; segundo, formular políticas efectivas y universales de inclusión en las instituciones de protección social; tercero, que el Estado y el Gobierno se impliquen con mucha mayor eficacia en aportar soluciones al subempleo y la informalidad; y cuarto, tomarse en serio la prevención de desastres, pues las sequías e inundaciones que el calentamiento global trae consigo serán cada vez más destructivas.