Problemáticas a atender

La semana pasada, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, presentó el primer informe de derechos humanos solicitado por la Sala de lo Constitucional, después de recibir esta una serie de peticiones de habeas corpus y demandas de inconstitucionalidad. También presentó uno sobre la situación específica de los derechos de la mujer. A pesar del menosprecio a la labor de la Procuraduría mostrado por algunos funcionarios, lo cierto es que estos dos documentos son de gran importancia en el actual contexto de deriva hacia el autoritarismo y a violación a derechos humanos. Incluso desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se han hecho observaciones al modo en que el Gobierno salvadoreño está respondiendo a la pandemia. Atender las observaciones de la Procuraduría para corregir errores ayudará sin duda a mejorar la gestión de las medidas de contención del coronavirus.

En el informe que el procurador presentó el viernes 24 de abril a la Sala de lo Constitucional, se informa que la Procuraduría registró entre el 21 de marzo y el 22 de abril 778 quejas de ciudadanos. De estos reclamos, el 67% se vincula a violaciones al derecho a la libertad personal, a la salud y a la información, lo cual es una muestra clara de los maltratos, cuando no violaciones a derechos humanos, que afectan a buena parte de nuestra gente, especialmente a los sectores de menos recursos. El informe insiste en que los miembros de la Fuerza Armada y de la PNC no suelen tomar en consideración las profundas desigualdades que sufren los salvadoreños, en particular la falta de acceso a agua potable y alimentos. Considerar las necesidades y problemas de quienes viven en pobreza (el 30% del total de la población, un porcentaje que aumentará en estos tiempos difíciles) es indispensable para una buena gestión de la contención de la pandemia.

En el caso de las detenciones por supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar, con frecuencia primero se confina a personas en bartolinas en situación de hacinamiento, con el riesgo de contagio subsiguiente, para luego trasladarlas a instalaciones que carecen de servicios básicos. La Procuraduría advierte que con este modo de proceder se incumple el protocolo de actuación de la Policía Nacional Civil, según el cual los agentes deben pedir que la persona se identifique, establecer las causas de su permanencia fuera de su residencia y en caso de incumplimiento a las normas, conducirla a un centro de evaluación epidemiológico, a fin de que se le realice la prueba del covid-19 y, dependiendo del resultado del examen, sea enviada a su residencia o a un Centro de Contención. En vez de ello, el discurso oficial amenaza con detenciones por tiempo indefinido.

Por otra parte, dada la posibilidad de que los abusos contra la mujer aumenten debido a la extensión del tiempo que la familia permanece en el hogar, y frente a la posible desatención de los delitos de violencia de género por la suspensión de plazos judiciales, la Procuraduría señala la necesidad de implementar mecanismos judiciales extraordinarios para recoger tanto las denuncias como la evidencia forense en caso de agresión física, sexual o sicológica. En los hogares conducidos por mujeres solas se da otro tipo de problemática. Se registran quejas de abusos laborales en algunas empresas. Además, las madres solteras que trabajan se ven en apuros al tener que dejar desatendidos a sus hijos en la casa, teniendo que gastar mayor energía en las labores de cuido o contratar la ayuda de alguien. Este es el caso, por poner un ejemplo, de las agentes de la Policía que son madres solteras y tienen turnos de 12 horas, y de las mujeres que trabajan en la informalidad. A lo anterior se suma que ciertos trabajos están ampliamente feminizados y se vuelven más riesgosos al exigir un contacto permanente con público, como es el caso de las empleadas de las farmacias, las cajeras de supermercados, enfermeras, personal de limpieza y otros.

Es lógico que en sus esfuerzos por proteger a la población, el Estado imponga medidas enérgicas cuando un buen número de ciudadanos muestran una severa irresponsabilidad. Pero la gran mayoría de las mujeres trabajadoras son muy responsables laboral y familiarmente, y por la pandemia están expuestas a riesgos y problemas más graves. Protegerlas y tener en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelven para que puedan combinar razonablemente su esfuerzo laboral y las labores de cuido en el hogar es fundamental para el bien común.