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En El Salvador, “la mayor parte de los medios de comunicación masiva y, ciertamente, los más potentes pertenecen al mismo sector social minoritario que dispone del poder económico… Los medios de comunicación masiva son concebidos fundamentalmente como un negocio, de tal manera que la información transmitida debe supeditarse al doble criterio de hacer dinero y de servir a los intereses grupales de los propietarios”.
Estas palabras fueron escritas en 1989 por Ignacio Martín-Baró para el XV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Aunque no las pudo decir en público porque el martirio le llegó antes, veinticinco años después su afirmación tiene una vigencia incuestionable. Como es bastante sabido, la historia de los medios de comunicación salvadoreños está llena de falsedades y de manipulación. Pintan la realidad según los colores que convienen a sus intereses. Así, en el país, la objetividad y la verdad se han quedado en simples eslóganes vacíos.
Recientemente, El Faro publicó una investigación sobre la adjudicación de siete frecuencias de televisión después de que Arena perdiera las elecciones de 2009 y antes de que Mauricio Funes asumiera el poder. Fue una maniobra similar a la que, 5 años después, hizo Ástor Escalante justo antes de que comenzara la administración de Salvador Sánchez Cerén. Escalante pretendía adjudicar seis canales de televisión y ordenó cambiar la frecuencia del canal 37 en UHF al canal 11 en VHF. Lo que sucedió ya es conocido.
Después de una intensa protesta de diversas organizaciones sociales, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar congelando la adjudicación de las frecuencias. Acto seguido, los grandes medios de comunicación, encabezados por el grupo televisivo más poderoso del país, TCS, emprendieron una intensa campaña exigiendo “juego limpio” para rechazar el cambio de frecuencia del canal 37, lucha que aún se está librando en las más altas instancias judiciales del país.
Sin embargo, cinco años atrás, cuando se dio una situación similar, no hubo protestas, no hubo sentencia ni medidas cautelares; no hubo campañas exigiendo juego limpio. El reportaje del periódico digital apunta, con profusión de detalles, a que detrás de los siete canales adjudicados ilegalmente en 2009 está la familia Eserski, propietaria de TCS, como también lo señaló la UCA en su editorial del 29 de agosto de este año.
No extraña, pero siempre indigna que los grandes medios estén silenciando el tema. Cuando El Faro publicó un reportaje sobre una supuesta cadena de favores durante el Gobierno de Funes, los grandes medios se convirtieron en una auténtica caja de resonancia de la noticia y se emplearon a fondo para difundirla. ¿Acaso el periódico digital tiene credibilidad para unas noticias y para otras no? ¿Por qué los grandes medios no dicen nada, ni siquiera para defenderse? ¿Posarán los presentadores más conocidos de la televisión para pedir justicia por los amaños de 2009?
El 2 de julio pasado, el Fiscal General de la República confirmó a un diario escrito que se había abierto una investigación sobre la adquisición de propiedades y bienes del grupo más cercano al expresidente Funes. De acuerdo a sus declaraciones, la Fiscalía inició la investigación por las informaciones vertidas en los medios de comunicación. Siendo así, ¿qué espera para actuar con respecto a la fraudulenta adjudicación de canales en 2009? ¿Por qué no ha dicho ni hecho nada ante la petición de decenas de organizaciones sociales de que se investiguen las adjudicaciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico? En el caso de Escalante y del cambio del canal 37, la Fiscalía anunció hace unos meses que abriría una investigación de oficio. Pasó algo similar en 2009: ¿también se abrirá una investigación? ¿O solo se investiga cuando los señalados no pertenecen a los grupos intocables?
Sin duda, Martín-Baró sigue teniendo razón. Como en 1989, los medios de comunicación más grandes del país son manejados con dos objetivos: hacer dinero y defender sus intereses. Exigir juego limpio cuando siempre se ha jugado sucio es cinismo, y del tipo que más daño hace a la sociedad salvadoreña. Exigir respeto a la ley cuando antes se ha manipulado a favor propio es tan perverso como manipularla a favor de otros. Las obras filantrópicas o las donaciones de los canales de televisión solo calman conciencias, pero no redimen del mal ya hecho. Por el contrario, pueden contaminar con la peste de la corrupción a los que reciben esos favores.
