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Sin duda, las numerosas reacciones, tanto dentro como fuera del país, por el cierre de las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado han provocado que se repiense la decisión. De diversas maneras, las autoridades eclesiásticas han dado muestras de estar reflexionando sobre la medida y han nombrado una comisión especial para que busque una solución que tenga como centro a los más pobres y, entre ellos, a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas antes, durante y después del guerra civil. Por supuesto, la acción de la Iglesia está siendo aprovechada por ciertos sectores para descalificar todo posible indicio de enmienda y también por grupos a los que siempre ha incomodado el trabajo de Tutela Legal, por esclarecer la verdad y hacer justicia en el país; para estos últimos, no debe haber marcha atrás en la decisión.
Muchas de las reacciones ante el cierre de la emblemática oficina giraron en torno a la preocupación por el paradero y resguardo de su archivo, que reúne miles de documentos testimoniales de gran parte de los crímenes cometidos contra inocentes durante el conflicto armado y cuyos casos aún esperan justicia. Sobre el tema, han circulado muchas hipótesis que tratan de responder a la incertidumbre generada por el cierre de Tutela Legal y, por tanto, al derrotero de su archivo. Algunas voces han pedido la intervención del Estado con el fin de asegurar su integridad y preservación. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una medida cautelar solicitando una inspección física del archivo histórico y hasta el mismo Presidente de la República ofreció a la Iglesia el resguardo de los documentos.
En esta línea se sitúa lo que ha provocado otro mar de reacciones y ha vuelto a levantar suspicacias entre muchas personas. Hablamos del allanamiento que el viernes 18 de octubre llevó a cabo la Fiscalía General de la República. De acuerdo a diversos medios informativos, el Fiscal General habló incluso de "secuestrar" los documentos que encontraran en la sede de Tutela Legal, pero después bajó el tono al declarar que se trataba de un allanamiento preventivo.
Ahora bien, una cosa es que se esté en desacuerdo con el cierre de la institución que ha representado una esperanza para los pobres de El Salvador y que se quiera la protección de sus documentos, y otra muy distinta que se piense que es la Fiscalía General de la República la instancia gubernamental más adecuada para resguardar el archivo. Está claro que la Fiscalía no cuenta con credenciales éticas ni morales que respalden sus argumentos legales. ¿Cómo confiar en una instancia estatal cuyas actuaciones muchas veces no han combatido la impunidad, sino que la han reforzado? ¿Para qué se pide que el Estado resguarde la información? ¿Para hacer justicia o para obstaculizarla? Si en manos del Ejército están miles de documentos que podrían aclarar graves crímenes cometidos durante la guerra y que no se han puesto a disposición del público y mucho menos de la justicia, ¿cómo esperar que no suceda lo mismo si el Estado toma la custodia de los archivos de Tutela Legal?
Si el Gobierno fue incapaz de atender en 2011 una difusión roja de la Interpol contra los militares acusados de la autoría intelectual de la masacre en la UCA, ¿qué se puede esperar que haga con los testimonios de tantas víctimas asesinadas impunemente? Si el mismo Presidente de la República ha sido incapaz de hacer cumplir la orden de no exaltar como héroes ni bautizar instalaciones con los nombres de militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ¿qué justicia podemos esperar para las víctimas de la barbarie castrense? Si las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño por crímenes de lesa humanidad no han sido cumplidas por ninguno de los Gobiernos de turno, y si las recomendaciones de la Comisión solo han recibido indiferencia por parte de la Fiscalía, ¿cabe esperar que se resguarden con fidelidad los archivos que contienen la verdad de lo que pasó antes y durante la guerra civil?
No hay justificación para que la Fiscalía pretenda apropiarse del archivo histórico de Tutela Legal del Arzobispado. Tampoco hay garantía de que la medicina que se quiere aplicar sea mejor que la enfermedad. Está claro que hay que asegurar la preservación del archivo histórico de Tutela Legal y su disponibilidad para el avance de la justicia en El Salvador, pero esto solo podrá lograrse a través de mecanismos e instancias idóneas, garantes de esa responsabilidad. Y la Fiscalía no cabe en esa lógica.
