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A cualquier salvadoreño que vivió la guerra civil la palabra “refugiado” lo lanza al recuerdo del infortunio de miles de compatriotas que tuvieron que huir a otros países para salvar su vida; parte de una historia que no querríamos que se repita. Sin embargo, los refugiados no son cosa del pasado. En 2000, la ONU declaró el 20 de junio como Día Mundial de los Refugiados. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en la actualidad cada 8 minutos una persona en el mundo abandona todo para huir de la guerra o de alguna persecución que pone en peligro su vida. Ni El Salvador ni los países del Triángulo Norte son la excepción en esta materia. Las amenazas de grupos delincuenciales, como las pandillas, o del crimen organizado son cada vez más extendidas y obligan a muchas familias a dejar sus lugares de origen y desplazarse a otros puntos del territorio nacional o hacia otros países.
Sin embargo, ni a los Gobiernos de la región les gusta hablar de desplazados internos ni a los países de destino e instancias internacionales les gusta hablar de refugiados. Para los primeros, reconocer a los desplazados por la violencia equivaldría a aceptar la vergonzosa situación de inseguridad y de irrespeto a la vida que no han podido controlar. Al segundo grupo no le gusta llamar refugiados a los desplazados porque la palabra tiene una connotación más política y los hace sujetos de derechos que no tienen los desplazados. El Acnur define a un refugiado como la persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país”. Así, en esta definición no entran las víctimas de la criminalidad que vivimos.
Las miles de familias que tienen que cargar con sus cosas huyendo de las amenazas y la violencia, y que buscan refugio en otros lugares del país no son reconocidas como desplazadas. Y las miles de personas que cada mes cruzan las fronteras intentando salvar sus vidas no son oficialmente reconocidas como refugiadas. En este sentido, los Gobiernos del Triángulo Norte y los de los países de destino deberían aplicar la Declaración de Cartagena (1984), que amplía las razones por las que las personas deben tener acceso a la protección internacional. De hecho, algunos países ya se están sensibilizando y comienzan a otorgar lo que denominan asilo por “razones humanitarias”.
En El Salvador, los desplazados y refugiados no son propios de la guerra civil, sino parte del presente, y sería una hipocresía pretender ocultarlos para fingir estabilidad social. De acuerdo a un informe del Acnur, a finales de 2013 se registraban en el mundo más de 18,500 refugiados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta cantidad se incrementa con las solicitudes de asilo de ciudadanos procedentes de alguno de los tres países, que pasaron de 6,900 en 2009 a cerca de 15,700 en 2013. Por otra parte, hace unos días, el Consejo Noruego para los Refugiados reveló que en El Salvador hay casi 290,000 desplazados a causa de la violencia. Aunque para algunos estudiosos del tema estos números son discutibles, lo cierto es que el desplazamiento interno y la migración a raíz de la inseguridad es una realidad que debemos aceptar y enfrentar sin cortapisas. Tenemos, pues, razones suficientes para conmemorar el Día Mundial de los Refugiados.
