En El Salvador, debido a la poca memoria histórica, los acontecimientos del pasado se recuerdan según conviene al poder del momento. Lo que en el pasado fue importante se convierte en basura en el presente. Y con frecuencia la basura del pasado revive bajo nuevas formas. Los Acuerdos de Paz son hoy en el discurso gubernamental un pacto de corruptos, cuando ayer eran el logro de una población harta de la guerra y el triunfo de personas que dieron su vida trabajando por la paz. Y el informe de la Comisión de la Verdad permanece en el olvido. Bajo la actual tónica, lo más seguro es que dicho informe se recordaría solo para decir que no es más que un apéndice del supuesto pacto de corruptos. O en el mejor de los casos, se afirmaría que por primera vez se están cumpliendo las recomendaciones de la Comisión a través de los pocos y manipulados casos en curso sobre los crímenes del pasado.
El informe de la Comisión insistía en que solamente pueden permanecer como jueces quienes han superado una “rigurosa evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura, hayan demostrado vocación judicial, eficiencia, preocupación por los derechos humanos y estén rodeados de las garantías de independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad en sus actuaciones”. De hecho, a pesar de las recomendaciones, nunca se generalizó una evaluación rigurosa en los términos propuestos, y el sistema judicial continuó teniendo serias deficiencias, a pesar de algunos esfuerzos loables. Si hoy se llevara a cabo con seriedad esa evaluación, los resultados seguro serían similares a lo que observó la Comisión de la Verdad hace 30 años: la independencia y el criterio judicial, y el respeto a los derechos humanos están por los suelos. Con el agravante de que las garantías básicas están especialmente afectadas por el régimen de excepción.
Todo indica que el sistema judicial está retrocediendo hacia el pasado. Aunque, eso sí, revestido de una propaganda que hace ver bueno lo que es profundamente deficiente. La realidad no miente. La lentitud, la arbitrariedad, el miedo a otros poderes del Estado, la nula reflexión y la no observación del derecho convencional, superior a la ley secundaria del país, marcan un profundo deterioro en el sistema. Pretender avanzar sin tener en cuenta las experiencias del pasado es caminar hacia el despeñadero, sobre todo cuando no se tienen en cuenta los fallos, los intentos de superación de los problemas y la reflexión y recomendaciones dadas. Las consecuencias del fracaso de la gestión de la mayoría de las alcaldías quizás se logren evitar con la reducción de municipios. Pero si la realidad continúa igual, en tres años será más complicado inventar nuevas reestructuraciones que alivien los fracasos. Construir el futuro reparando los errores y aprovechando las reflexiones previas es la única manera de avanzar hacia una sociedad en la que brillen los valores constitucionales de honradez notoria, justicia social y bien común.