Reinserción y seguridad pública

El mayor accionar de la PNC en la persecución del crimen ha supuesto un incremento del número de capturas, lo que ha desbordado tanto la capacidad de las bartolinas policiales como del sistema penitenciario nacional. Las primeras, según datos recientes, albergan a más de 3,300 personas, lo que significa una sobrepoblación superior al 300%. Y en el sistema penitenciario, como muestran las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se hacinan 26,683 reclusos, pese a que la capacidad instalada es para apenas 8,100. Y la tendencia es al alza. En 2002, la población reclusa era de 10,278 personas; en marzo de 2006, sumaba 12,856. Es decir, en cuatro años creció en un 25% y en los últimos siete se duplicó. Esto, por supuesto, imposibilita en la práctica que el sistema penal cumpla la función de rehabilitación que le asigna la Constitución: "El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos". La realidad es muy distinta: el sistema penitenciario no está capacitado para educar ni formar de manera generalizada a la población reclusa, mucho menos en hábitos de trabajo.

Se requiere, pues, de una reforma completa. Entre lo mucho por hacer para que el sistema penitenciario funcione adecuadamente, dos cuestiones son básicas. Por un lado, reducir el hacinamiento y, por otro, implementar programas que faciliten la rehabilitación humana y social de los privados de libertad. Para lo primero, la acción inmediata es ampliar y mejorar las actuales instalaciones. Es este sentido, es vergonzoso que la ampliación del penal de Izalco esté paralizada desde mediados de 2011 y que no se haya iniciado la construcción de una nueva cárcel en Jucuapa, Usulután, a pesar de que la obra ya fue licitada y adjudicada. El préstamo de 71 millones que el Gobierno ha negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica para ampliar la capacidad del sistema penitenciario, y que aguarda la aprobación de la Asamblea Legislativa, es un paso para resolver esta situación. Sin embargo, preocupa que los diputados se quejen de que no se les ha entregado un detalle de las construcciones que se harán con los fondos. Para tener condiciones mínimas de reclusión, haría falta ampliar el sistema en al menos 16 mil nuevas plazas. Por tanto, de aprobarse el préstamo, será esencial que haya seguimiento para evitar el desvío de dinero hacia otras áreas.

En la medida en que se reduzca el hacinamiento, será posible implementar programas de rehabilitación y educación. Si se quiere garantizar la seguridad ciudadana, es ineludible prestar la atención debida a los reclusos, a fin de que puedan rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. En esta línea, las características de la población del sistema penitenciario dan luz sobre las actividades de rehabilitación que es necesario emprender. En primer lugar, urge un plan educativo. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 8% de la población reclusa es analfabeta, más de una tercera parte solo tiene estudios de primaria y otra tercera parte ha llegado hasta noveno grado. En otras palabras, tres cuartas partes de los presos no han alcanzado los niveles educativos de secundaria y bachillerato. Ofrecer planes adecuados para educarlos, utilizando los sistemas de modalidad flexible que ya existen en el país, sin duda tendría repercusiones importantes en la reinserción y en la seguridad pública.

Aquellos que consideran que no debe ponerse ninguna atención a las condiciones de reclusión, que en El Salvador son la mayoría, pierden de vista que un día los reclusos saldrán nuevamente a la calle y que, por no estar rehabilitados, constituirán un grave problema para la sociedad. Las estadísticas evidencian que el 15.4% de la población reclusa actual ya es reincidente y que siete de cada 10 son menores de 35 años que recuperarán su libertad dentro de más o menos dos décadas. El sistema penitenciario debe aprovechar ese lapso para ayudarles a cambiar, para que sepan reintegrarse productivamente a la sociedad y vivir en ella de una manera honrada. Solo así se podrá mejorar la seguridad ciudadana en el futuro.