Relativismo moral

El múltiple asesinato cometido por soldados guatemaltecos contra la población indígena de Totonicapán nos muestra el peligro de involucrar a los ejércitos en tareas de seguridad. La participación de la fuerza armada en México en la lucha contra el narcotráfico no solo ha contribuido a aumentar los niveles de violencia en su territorio, sino que ha aumentado la corrupción en las filas militares, según se puede deducir de los casos de generales que han tenido que ser retirados o incluso llevados a los tribunales por complicidad con los narcotraficantes. Al fracaso que con frecuencia supone la implicación de militares en tareas de seguridad, se añade el contagio antidemocrático y autoritario que la misma participación castrense produce. Todos recordamos a un comisionado de la Policía Nacional Civil de nuestro país que se dio el lujo de decir que "quien dispara a un policía, muere". Y lo dijo justo después de que la seguridad pública comenzó a ser manejada por militares.

Afortunadamente, en El Salvador, quitando ese tipo de frases, la participación del Ejército no ha llegado al colmo de lo ocurrido en Guatemala. En ese país, en efecto, hasta los civiles se contagian de la brutalidad militar, posiblemente por el afán de los funcionarios de quedar bien con un presidente de origen castrense. El ministro guatemalteco de asuntos exteriores, Harold Caballeros, cuando fue cuestionado por la masacre de indígenas en Totonicapán, no dudó en contestar: "Reconozco con dolor que, en ciertas latitudes, ocho muertos es una cosa muy grande, y aunque suena muy mal decirlo, a diario tenemos el doble de muertos. Por eso, considero que no es una llamada de atención tan grande". Hacer depender el valor de las vidas humanas de la latitud en la que vivían los muertos es un acto evidente de cortedad mental y moral. Y quitarle importancia a una masacre porque el número de homicidios es muy grande en el país no solo implica una tremenda falta de sensibilidad humana, sino que constituye, en el caso del que hablamos, un intento de mentir a la ciudadanía. Porque no se trata de ocho muertos más en medio de un país donde la criminalidad es abundante, sino de ocho personas asesinadas por quienes están encargados de velar por la vida y los derechos de los ciudadanos. Para este ministro, la de los indígenas es sin duda una muerte de segunda categoría. Y, por supuesto, tiene en su cerebro una visión nazi de la seguridad; esa visión que resta importancia a los delitos de asesinato llevados a cabo por las supuestas fuerzas del orden.

Este tipo de pensamiento es el que llevó en El Salvador a emitir leyes de amnistía tras la guerra civil. Pero la realidad es que los delitos cometidos desde el poder del Estado deben perseguirse con mucha mayor energía que los delitos simples del ciudadano común. Los representantes del Estado están para defender vidas y no para destruirlas. De modo que una vida destruida por un funcionario se convierte en un acto monstruoso cuando es el mismo Estado el que defiende, disculpa u oculta dicho crimen. Si se tuviera el mínimo de decencia democrática en el Gobierno de Guatemala, el Ministro de Relaciones Exteriores tendría obligatoriamente que presentar su dimisión. Pero en nuestros países la condescendencia con el autoritarismo, el racismo y el machismo son proverbiales, sin darnos cuenta de que ese tipo de frases, ideas, aseveraciones y actitudes son las que perpetúan la cultura de violencia. No hace tanto tiempo, en El Salvador los militares practicaban tiro al blanco contra cartelones pintados con rostros que portaban vestimentas árabes. Supuestamente, se trataba de un regalo de Estados Unidos, que después de los escándalos en la guerra de Irak se deshizo de lo que, de haberse sabido, podría haber sido catalogado como una infamia racista. Ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni tampoco en ninguna parte del mundo deben los poderes públicos justificar la brutalidad, la represión o la muerte, la realicen o no las fuerzas del orden.