Retórico afán contra la impunidad

Que la impunidad es el principal escollo de El Salvador en materia de derechos humanos es una afirmación que se viene repitiendo desde hace años y desde diversas instancias. Desde que terminó la guerra civil, varias organizaciones (entre ellas, la UCA) han dicho que el manto de impunidad con que se protegió a los violadores de derechos humanos fue la piedra en el zapato para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y, por tanto, el principal obstáculo para aspirar a una verdadera reconciliación. Además, a la base de muchos delitos, desde homicidios hasta crímenes ambientales, está la impunidad con que se cometen. Que la falta de castigo tiene carta de ciudadanía en nuestra sociedad lo corrobora el hecho de que El Salvador se ubica en la posición 8 del Índice Global de Impunidad, que este año elaboró la Universidad de las Américas Puebla, de México.

Ahora bien, una cosa es que haya consenso sobre el diagnóstico de la enfermedad y otra que lo haya en los caminos de la solución. Aunque el objetivo de terminar con la impunidad seguramente es compartido por los sectores interesados en que funcione el sistema de justicia, no hay acuerdo sobre cómo lograrlo. Ya se ha hablado sobre la posibilidad de instaurar una comisión internacional contra la impunidad como la que funciona con éxito en Guatemala. En 2010, el entonces presidente Mauricio Funes puso el tema en la agenda pública, e incluso lo planteó ante instancias internacionales. Las resistencias y reacciones no se hicieron esperar. Al final, fue el mismo Gobierno el que dejó morir la iniciativa por inacción. Ahora, la propuesta ha sido lanzada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su consejero, el embajador Thomas Shannon, quien afirmó que El Salvador debería considerar buscar ayuda internacional para el combate de la criminalidad y el crimen organizado. En el pasado, los que se opusieron a la instalación de la comisión recurrieron al argumento del intervencionismo. Un diputado de Arena, exdirector de la Policía Nacional Civil, sostuvo en aquel momento que crear una comisión de ese tipo sería aceptar la incapacidad estatal para enfrentar al crimen organizado.

La propuesta de Estados Unidos hay que ubicarla en su actual posicionamiento frente a Centroamérica, región estratégica de su área de influencia. Dos problemáticas en particular, la migración y el narcotráfico, han llevado al Gobierno estadounidense a desplazar su frontera sur hasta Guatemala y a comprender que mientras los problemas de pobreza, desigualdad y criminalidad no se resuelvan en los países del Triángulo Norte, la migración y el narcotráfico seguirán siendo dolores de cabeza para ellos. Estados Unidos sabe que en estos países no hay recursos para combatir estos males y está dispuesto a poner dinero siempre y cuando los Gobiernos del área demuestren que quieren erradicar la impunidad bajo la cual se cobijan corruptos y criminales. En este contexto es que hay que ubicar las iniciativas de la Alianza para la Prosperidad y la propuesta de crear comisiones internacionales contra la impunidad, tanto en El Salvador como en Honduras. Es cierto que la propuesta de Shannon tiene el carácter intervencionista característico de su nación. Estados Unidos está dispuesto a ayudar, pero no quiere desprenderse de su verticalismo y de su afán de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países.

Dicho esto, hay que señalar que descartar una posible comisión internacional contra la impunidad con la bandera del antiintervencionismo puede ser un simple pretexto de los interesados en que se perpetúe la impunidad salvadoreña. Algunos reivindican la soberanía nacional cuando la impunidad de la que gozan está en peligro, como ya ha sucedido en el caso de la masacre en la UCA o con el mandato de la Comisión de la Verdad después del fin de la guerra. Se pueden aceptar tratados de libre comercio y demandas ante instancias internaciones, exigir el cumplimiento de sanciones impuestas por instancias foráneas, pero si lo que se toca es la impunidad, se invoca a la soberanía y se rechaza el intervencionismo. Lo primero que tenemos que hacer como país es aceptar que la impunidad reina entre nosotros y, en consecuencia, aplicar las medidas para erradicarla gradualmente. Pero si algunos de los que se benefician de la impunidad son tomadores de decisión o están representados por ellos, entonces seguiremos con la retórica de luchar contra este mal endémico sin hacer nada efectivo para eliminarlo.