Saldar deudas

Un año y 7 meses han transcurrido desde que la Sala de lo Constitucional le ordenara al Estado reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado, y a los diputados legislar para garantizar la protección y derechos de ellas. El 9 de enero, luego de un largo rezago injustificado e irresponsable, la Asamblea Legislativa por fin saldó su deuda aprobando la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, una realidad que golpea a diario a muchos salvadoreños y que por demasiados años fue oficialmente ignorada.

Los números de los informes que se han publicado hasta la fecha son aterradores. Acnur calcula que más de 80 mil compatriotas fueron desplazados a la fuerza a nivel interno en el año 2018; Cristosal y el Idhuca elevan ese total a 235 mil personas. La enormidad de esas cifras deja clara la tremenda vulnerabilidad de nuestra población ante la delincuencia, así como el poder de los grupos delincuenciales. Detrás de estos números hay terribles historias de sufrimiento e impotencia, tanto por lo que les toca vivir a las víctimas como por el desamparo en que el Estado salvadoreño las ha dejado.

Si la Ley se hubiera aprobado antes, si se hubiera escuchado a los defensores de derechos humanos cuando alertaron de esta situación, se habría evitado o al menos atendido adecuadamente el sufrimiento de miles de familias salvadoreñas. Ahora que el paso se ha dado, es fundamental que la Ley se haga efectiva a fin de que el Estado asuma su obligación de proteger a estas víctimas y facilitarles ya sea el retorno a sus lugares de origen en condiciones de seguridad, o recomenzar sus vidas en un nuevo sitio. Esta tarea le corresponde al Ejecutivo. Este debe, en primer lugar, sancionar la ley y, después, de la manera más diligente posible, poner a funcionar el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.

Por su parte, la Asamblea Legislativa tiene que garantizar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema y para la realización de las acciones estipuladas por la Ley. En ese marco, sería absurdo esperar a la aprobación del Presupuesto del próximo año. Constituiría un insulto a toda la ciudadanía que la Ley no entrara en vigencia de inmediato por falta de recursos. Dado que los diputados, casi por unanimidad, la aprobaron, deben aprobar pronto las modificaciones presupuestarias requeridas para su implementación.

Asimismo, ahora que la Asamblea Legislativa parece haberse hecho sensible a los problemas de miles de salvadoreños y que, tal como reza la normativa recién aprobada, ha reconocido que la dignidad de la persona humana es fundamental, debe aprobar otras leyes que también adeuda a la gente. Una de ellas es la que daría respuesta a las familias de los desaparecidos, cuyo número superó en 2019 al de los homicidios.