Saqueo público

A finales de la semana pasada, el fiscal general, Douglas Menéndez, sorprendió a todo el país al hacer pública la operación “Saqueo Público”, en la que una treintena de personas, encabezadas por el expresidente Mauricio Funes, son acusadas del desvío de 351 millones de dólares provenientes de la partida secreta asignada a la Presidencia de la República. El grueso de las acusaciones es por lavado de dinero, peculado y encubrimiento, los mismos delitos por los cuales Antonio Saca guarda prisión a la espera de que concluya su juicio. Los implicados son en su mayoría familiares y amigos del círculo de confianza de Funes. Según la Fiscalía, mediante la cadena de corrupción y malversación de fondos se compraron propiedades y vehículos, se pagaron viajes y lujos.

El Salvador pasa por una situación sin precedentes. Mauricio Funes es el tercer mandatario acusado y procesado por malversación de fondos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la misma línea que sus predecesores, Antonio Saca y Francisco Flores. Los tres han sido llevados ante la justicia, algo que hasta hace poco era inaudito. Por ello, de sustentarse las acusaciones, se estaría ante la consolidación de la independencia del poder judicial y del Ministerio Público. En el caso de Francisco Flores, el proceso no finalizó debido a su muerte, pero los indicios de que se apropió de fondos del Estado eran más que claros. Incluso miembros de Arena reconocieron haber recibido parte del dinero desviado a fin de utilizarlo en la campaña presidencial de Antonio Saca.

Cuando la corrupción se da en las más altas esferas de la administración del Estado, el mal es más grave y cabe suponer que se reproduce en el resto de dependencias gubernamentales. Si el Presidente de la República, que según nuestra Carta Magna tiene como primera obligación “cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales”, falta a la legalidad y a la ética, difícilmente exigirá probidad y respeto por la ley al resto de los funcionarios públicos que forman parte de su Gobierno. Cuando el cáncer está en la cabeza, todo el cuerpo se ve afectado.

Por el bien del país, esperamos que la Fiscalía General de la República cuente con todas las pruebas necesarias para iniciar un proceso de esta naturaleza y llevarlo a buen término. De lo contrario, estaría poniendo en riesgo su credibilidad, torpedeando la lucha contra la corrupción y causando un enorme daño a los acusados. Bajo ninguna circunstancia la Fiscalía debe formular acusaciones, mucho menos con gran despliegue mediático, sin tener certeza razonable sobre las mismas. Es fundamental que los procesos judiciales contra Saca y Funes avancen y lleguen hasta el final, demostrando técnicamente, con pruebas fehacientes, la comisión de los delitos que se les imputan, para que los jueces puedan aplicar la ley como corresponde. Solo de ese modo se mostrará que las cosas pueden cambiar, que la justicia ya no es una culebra que solo pica al descalzo, sino que trata a todos por igual y defiende el bien común.

En este marco, es significativo que la Corte de Cuentas de la República no haya dado alertas en ninguno de los tres casos; peor aún, que en su momento les haya expedido finiquitos a Funes, Saca y Flores. Ello muestra la ineficacia de la institución del Estado que tiene como principal misión velar por el correcto uso de los fondos públicos; una ineficacia que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de depurar y reformar a fondo la Corte. Igualmente necesaria es una nueva ley de probidad que posibilite detectar a tiempo toda forma de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos y de ese modo contribuya a erradicar la corrupción. Luchar contra este flagelo es tarea de todos. Ante actos de corrupción, no cabe el silencio, solo la condena, pues, como afirma el papa Francisco, “la corrupción es una ciénaga” que destruye a la sociedad.