Seamos serios

Ante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 191 del Código Penal, se ha levantado un escándalo, previo y actual, en torno al tema de la libertad de expresión. Algo así como si todos los jueces y ciudadanos resentidos de este país estuvieran esperando a que los periodistas digan cualquier cosa para llevarlos a juicio y meterlos presos. En realidad, el artículo 191 se puso en vigencia hace pocos años simplemente para zanjar un caso de acusación contra un dueño de periódico. Pero en todos los años anteriores, nadie fue preso a pesar de las calumnias, mentiras etc. que se habían lanzado en las campañas políticas, por sólo poner un ejemplo. En otras palabras, los juicios por calumnia, difamación o injuria no sólo eran escasísimos, sino excepcionales. Y nunca terminaban en cárcel, ni siquiera para el ciudadano común. Todavía hoy ese delito no se persigue, como fácilmente se puede comprobar al entrar en algunos blogs de Internet.

Esta casa de radio, que en ocasiones ha hecho críticas fuertes a personajes de la política, jamás se ha visto ni siquiera amenazada por los supuestos sinvergüenzas a los que hemos dejado en evidencia. Es decir, antes de que se emitiera ese famoso artículo 191, la crítica periodística funcionaba con la misma libertad con que opera ahora. Y en general, en los años previos a la entrada en vigencia del artículo 191, han sido las políticas empresariales de los medios las que han coartado más la libertad de expresión, y no los posibles juicios por difamación, calumnia, etc. que pudiera entablar el ciudadano.

El argumento de la Sala de lo Constitucional es evidente y racional: nadie puede calumniar, difamar o injuriar mientras eso sea delito. Es como si dijéramos que el delito de lesiones deja de serlo cuando es la Policía quien lo realiza en el ejercicio de sus funciones. Mientras lesionar sea delito, lo es para todos, salvo en caso de defensa propia, de la integridad física o de la propiedad en ciertas circunstancias. Y en esos casos deja de ser delito también para todos. Si los periodistas buscan informar con veracidad y objetividad, el riesgo de injuria o difamación es mínimo. En Estados Unidos, la penalización económica por esa causa es impresionante, y nadie piensa que no haya libertad de expresión. En Suecia hay penas de cárcel para la calumnia y nadie se rasga las vestiduras. En el ejercicio del periodismo se debe tener responsabilidad. Y evidentemente los privilegios no añaden responsabilidad a las personas, sino tendencia a la impunidad. El que quiere atacar la posición de otro no necesita insultarle, ni mucho menos mentir, difamar, etc.

En nuestros medios, incluso abunda la tendencia a no dar derecho de respuesta a insultos o a aseveraciones falsas. Aun cuando un rotativo o noticiero dice una mentira clarísima, si ésta tiene algún matiz cercano al pensamiento ideológico del dueño, es muy difícil ver una nota de redacción pidiendo excusas por la falsedad lanzada al público. Y esto que ahora afirmamos lo podemos documentar ampliamente. La negación al derecho de respuesta, o la obstinación en no reconocer los fallos en la información, es más peligrosa para la libertad de expresión que la derogación del artículo 191.

Si algo debemos pedir a los medios de comunicación es sensatez. Y en un país como el nuestro, donde la polarización política y las diferencias económicas y sociales nos llevan con frecuencia a fuertes confrontaciones, y no pocas veces al insulto, morderse la lengua de vez en cuando puede ser beneficioso para todos, incluso para los periodistas. Y eso no hace daño a la libertad de expresión. Porque decir la verdad sin insultar siempre es posible, y en sí mismo constituye un bien.