Segunda etapa

Después de dos largos meses, estamos llegando al fin de una etapa. El país no puede permanecer indefinidamente cerrado ni subvencionar con deuda la suspensión de la mayoría de actividades económicas. Es indispensable implementar una apertura ordenada y gradual, manteniendo restricciones, lo cual requiere algo que ha estado ausente a lo largo de todo este período: diálogo. La prolongación de la cuarentena domiciliaria es muestra de desorden y falta de diálogo, especialmente en el Gobierno. Aunque es necesario que el estado de emergencia continúe, debe modificarse todo lo referido a movilidad, tiempo de cuarentena, acceso a la información, etc. Eso espera la población que hagan la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo esta semana.

El bien común, fin constitucional al que están obligadas todas las instituciones del Estado, no ha sido el factor decisivo a la hora de tomar decisiones. Lo que se ha hecho bien en estos meses no ha procedido tanto del Estado como de la labor sacrificada y abnegada de salvadoreños (enfermeros, doctoras, cajeras de supermercados, voluntarios de diverso tipo, personal de servicios indispensables) dispuestos a servir al resto de la población; ellos han materializado lo que llamamos bien común. A nivel estatal, únicamente la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han tratado de mantenerse de verdad abiertos a los clamores de la población.

A esta segunda etapa de la lucha contra el covid-19 llegamos, pues, con el lastre del enfrentamiento y la división. Una apertura ordenada y gradual, no reñida con el estado de emergencia, solamente será posible si los órganos del Estado dialogan entre sí, se abren con honestidad a las necesidades ciudadanas, rinden cuentas y ofrecen información veraz. Los trabajadores de la salud y otra gente sencilla han dado testimonio de que se puede trabajar ordenada y cuidadosamente en circunstancias adversas. La mayoría del pueblo salvadoreño es capaz de disciplina y responsabilidad cuando se le explican las razones de lo que se debe hacer.

No se trata de regresar a la dinámica previa a la llegada del coronavirus, sino de reanudar progresivamente la actividad social con una nueva cultura. Educar para la distancia social y regularla en calles, transporte, ocio y trabajo es clave para frenar el contagio. Dotar de agua a todos los hogares, indispensable para la higiene. Ambas medidas serán mucho más provechosas y eficaces que los desesperantes y fracasados Centros de Contención. La experiencia de otros países exitosos en el manejo de la pandemia deja clara la importancia de chequear sistemáticamente la salud de la gente. Ya lo hace el Ministerio de Salud en los mercados, y lo están haciendo por su cuenta los bancos, supermercados y algunas fábricas que permanecen abiertas. Tendrán que hacerlo, en coordinación con el sistema de salud, todas las industrias y oficinas que reanuden su actividad total o parcialmente.

A ese respecto, el procedimiento es claro: si hay síntomas, se hacen pruebas. Y la gente que da positivo debe aislarse en su casa si los síntomas no son graves y tiene posibilidad para ello, o en instalaciones públicas adecuadas. E inmediatamente se rastrean y definen sus contactos, y se hacen test entre ese círculo de personas. Si el Gobierno se empeña en seguir con el encierro autoritario, la amenaza de castigo y el manejo político en vez de un accionar coherente con lineamientos epidemiológicos y de salud pública, el país aumentará su sufrimiento y se profundizará la crisis producida por la pandemia.