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Las recientes masacres, la poca eficacia del Ejército en su salida a las calles, la presión constante de los hechos criminales han vuelto a poner en el escenario público el tema de la delincuencia. El presidente Mauricio Funes ha presentado, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la política anticrimen. Y el tema está en los medios permanentemente, porque está también en la realidad desde hace 14 años.
Como el fenómeno de la violencia es complejo, también debe ser múltiple la respuesta. Muchos apuestan por la prevención, y ciertamente es un camino básico. A mayor desarrollo económico, social, comunitario y cultural, menores índices de criminalidad. De hecho, en comunidades de fuerte cohesión social, aunque no haya desarrollo económico especial, el crimen es mucho menor y más fácilmente contenible.
Los caminos de la prevención habituales suelen insistir en mayor permanencia del joven en la escuela, oferta de un primer trabajo juvenil adecuadamente remunerado y lugares accesibles de expansión, descanso, deportes, etc. La educación en valores, que no sólo compete al Ministerio en Educación, sino a toda la sociedad, añade cohesión a los puntos anteriores. Otros elementos como las despistolización y desarme de la ciudadanía suelen también dar resultados positivos.
Pero la prevención no es suficiente. Es también importante contener al crimen, desmotivarlo y castigarlo adecuadamente. Para desmotivarlo nada mejor que reducir los márgenes de impunidad. Un sector de nuestros diputados piensa equivocadamente que aumentando el castigo el candidato a criminal se desmotiva. Pero nada más falto de razón. Lo que desmotiva al delincuente es la posibilidad de ir preso, no la cantidad de años de reclusión que le caerán. Si las penas son muy altas, pero la posibilidad de ir preso es mínima —porque ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el sistema judicial funcionan bien—, el que tiene tendencias delincuenciales no ve ninguna razón para sentirse amenazado. Y, lamentablemente, esa es la situación en nuestro país. Las posibilidades de ser condenado e ir preso por la comisión de un delito no llegan ni siquiera a un 10%.
Lo que esta realidad nos dice es que hay que mejorar sustantiva y sistemáticamente la capacidad de investigación policial al mismo tiempo que se aumenta su operatividad y presencia en la sociedad. Mejorar la capacidad de investigación del delito y aumentar el número de policías deberían ser la base del trabajo dedicado a la contención del crimen. Y, por supuesto, establecer una buena coordinación entre Policía, Fiscalía y sistema judicial. Sin un buen funcionamiento de la Fiscalía y del sistema judicial la labor policial puede convertirse en simple actividad vacía. Y todos sabemos que la Fiscalía tiene también que mejorar en número y calidad, y el sistema judicial en calidad y eficiencia.
Hoy por hoy, el plan del presidente Mauricio Funes se ha centrado en la parte que le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad, que es, sobre todo en el aspecto de seguridad, la labor policial de contención del crimen. En ese contexto, a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad les corresponde informar con mayor exactitud del número de policías que sería necesario para revertir la ola de criminalidad y los costos que supondrán tanto el mayor número de salarios como la inversión en mejora de la investigación y adquisición de tecnología y medios. A la ciudadanía le corresponde apoyar en la inversión de seguridad, y también exigir resultados, aun sabiendo que éstos no serán inmediatos. Pero debe empezar a verse pronto que la línea ascendente del crimen comienza a descender.
Por otra parte, ARENA, que durante 12 años fue la gestora e incluso en parte causante de este desastre delincuencial e impune que nos golpea, debería abstenerse de dar demasiados consejos. Y menos aún presentar a Rodrigo Ávila o a Mauricio Sandoval como maestros de seguridad que vienen a dar lecciones. Si de algo puede dar lecciones el pobre Mauricio Sandoval, es sobre cómo quedar impune después de dirigir una campaña radial a nivel nacional incitando a asesinar a obispos y sacerdotes. Y eso ni es ni fue nunca una buena recomendación para dirigir la seguridad de un país, mucho menos para pretender dar lecciones policiales.
