Seguridad: ¿una quimera?

El Salvador es conocido como uno de los países más violentos y peligrosos del continente americano. No importa mucho si acá las tasas de homicidios son más bajas que en Guatemala o que en Honduras; eso no significa que nos sintamos más seguros o que podamos decir que estamos mejor que ellos. Aquí no vale aquello de "mal de muchos, consuelo de tontos". La población quiere sentirse segura y librarse de la plaga de la criminalidad, para vivir en paz y con seguridad. Este es un anhelo legítimo de la ciudadanía, que deberá ser atendido con decisión por las autoridades electas, con el apoyo de todos los actores de la sociedad.

En el marco del proceso electoral, la mayoría dejó bastante claro que no estaba dispuesta a apoyar las ambiguas propuestas para enfrentar la delincuencia que hicieron tanto Arena como los minúsculos PSP y FSP, antes de la primera vuelta. Las promesas de reprimir el crimen irrespetando los derechos humanos tuvieron muy poca aceptación. Es importante recoger este hecho, pues a pesar de la grave situación, que en sus peores momentos ha supuesto que uno de cada cuatro salvadoreños sea víctima de un hecho violento o delincuencial, la población estima que la seguridad ciudadana debe alcanzarse con base en la ley y el pleno respeto a los derechos humanos. Si Arena no hubiera cambiado su discurso para la segunda vuelta, no habría alcanzado el número de votos que obtuvo el 9 de marzo. Los salvadoreños, pues, quieren que se pongan manos a la obra en el marco de un Estado democrático de derecho.

Pero las autoridades no han sabido estar a la atura de ese clamor. Esto queda evidenciado en los altos niveles de impunidad de los que gozan los delincuentes. Por ejemplo, varios estudios serios señalan que más del 95% de los homicidios en El Salvador quedan impunes. Y ni hablar de los delitos de corrupción. Uno de los casos recientes de impunidad es el expresidente Flores, que a pesar de haber confesado que recibió dinero de Taiwán y que lo repartió a discreción en "saquitos", no tiene un proceso abierto en su contra en la Fiscalía General de la República. Destacan también los procesos abiertos por la exinspectora general de la PNC, Zaira Navas, contra altos jefes policiales; pese a estar bien documentados, los casos fueron archivados por su sucesor, bajo el argumento de no haber indicios suficientes. Mientras exista esta impunidad, será difícil cambiar el estado de inseguridad en El Salvador.

Es necesaria una estrategia de largo plazo, con planes bien pensados y acompañados de un trabajo sostenido y eficiente, tanto en la prevención del delito como en la represión del mismo. Para la primera es necesario apoyar el desarrollo de aquellas zonas donde las condiciones de vida son más difíciles y donde la presencia de grupos delincuenciales es alta. Es impostergable un plan nacional de prevención que esté bien articulado y cuente con el apoyo de todas las instituciones y de la población. También se requiere depurar de infiltrados a la PNC, la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República, el sistema judicial... todas las instancias estatales y civiles que han sigo corrompidas por el crimen organizado. Para combatir el delito, hay que comenzar por los peces grandes: los delincuentes de cuello blanco, las estructuras del crimen organizado, las mafias transnacionales, nacionales y locales que operan en el país.

Mientras los delincuentes se sepan protegidos y tengan la certeza de que la justicia no los tocará, la seguridad ciudadana en El Salvador será una quimera. La impunidad está demasiado afincada en el país y, a juzgar por los hechos, todas las fuerzas políticas están interesadas en que esta continúe. Resolver el problema de la inseguridad requiere de un cambio de cultura a nivel nacional. Valores como la verdad, la honestidad, la honradez y la justicia se han ido diluyendo entre nosotros, y ya no forman parte de lo que hoy es importante en nuestra sociedad. Por el contrario, la trampa, el engaño, el enriquecimiento ilícito son para muchos, en especial para los políticos, modos habituales de comportamiento. Acabar con la impunidad, apostar por la prevención y retomar los valores propios de una sociedad democrática son, por tanto, las tareas que tenemos por delante si de verdad queremos salir de esta situación desesperante.