Señales de alerta ante la minería metálica

Como fruto de la dura lucha del movimiento social salvadoreño y del crecimiento de la conciencia ciudadana sobre la precaria situación ambiental del territorio nacional, el 29 de marzo de 2017 el país hizo historia. Ese día, El Salvador fue pionero en el mundo al prohibir por ley la minería metálica en todas sus modalidades. Sin embargo, cinco años después se multiplican las señales que apuntan a que la actual administración no descarta abrir las puertas a dicha industria.

En primer lugar, en mayo de 2021, el país pasó a ser el miembro número 77 del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés). Aunque el Gobierno declaró que solo buscaba mejorar la gobernanza de la minería no metálica, la página web del Foro revela que este tiene su sede en Canadá, de donde provienen muchas empresas de minería metálica. En segundo lugar, el 26 de octubre del mismo año, 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que entre sus objetivos tiene autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de actividades mineras, sin distinguir entre minería metálica y no metálica.

Además, la ley establece como “deber de Estado” la obtención de recursos mineros y enumera como facultades de la nueva Dirección, entre otras, fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico; y coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras. En definitiva, la ley avala la exploración y explotación minera metálica en el país, pues no limita su ámbito de influencia a la minería no metálica.

En tercer lugar, la Sala de lo Constitucional impuesta, ante una demanda de inconstitucionalidad por la concesión de ANDA a la familia Dueñas para extraer ingentes cantidades de agua para un proyecto urbanístico, sentenció que las aguas subterráneas y freáticas que yacen bajo terrenos privados no son de “uso público” y, por tanto, las concesiones para su explotación no necesitan la aprobación de la Asamblea Legislativa. Según juristas y ambientalistas, la interpretación de los magistrados es tan forzada como decir que la Constitución permite la reelección presidencial inmediata. En el primer caso, se tuerce la ley para beneficiar a una familia adinerada aliada del Ejecutivo; en el segundo, para beneficio del presidente y de su grupo. La interpretación de la Sala impuesta incluso contradice la Ley General de Recursos Hídricos aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea en diciembre del año pasado, que en su artículo 5 dice que las aguas subterráneas son de dominio público. Esta sentencia sienta una jurisprudencia que puede aplicarse a otros materiales, como el oro y la plata.

En cuarto lugar, el 23 de noviembre del año pasado, los diputados oficialistas aprobaron una ley que permite la expropiación de inmuebles para obras municipales cuando se estime que los proyectos promueven el desarrollo y no se haya llegado a un acuerdo con los dueños de las propiedades. Tomando en consideración que para el el Gobierno prácticamente cualquier proyecto empresarial impulsa el desarrollo, especialmente si de ello obtienen alguna ventaja política o económica, nada impide que esta ley se aplique para la extracción de minerales por parte de empresas extranjeras o nacionales

Tomando en cuenta todo lo anterior y el hecho de que la administración de Bukele no muestra interés en los temas ambientales como no sea con fines propagandísticos, no solo es razonable sino también prudente sospechar que se están preparando las condiciones para la explotación de la minería metálica. Sospecha que cobra aún más fuerza ante la crisis de las finanzas públicas y la tendencia de las empresas mineras a comprar con efectivo la voluntad de los Estados. No extrañaría, pues, que tarde o temprano el Gobierno presente la minería como la panacea para los problemas del país, con la misma parafernalia con que fue presentada la fallida apuesta por el bitcóin como motor del desarrollo nacional.