Severos con los débiles

La tendencia a presentar situaciones mediocres o incluso injustas como grandes acontecimientos está presente en todas las áreas del sistema judicial salvadoreño. Tras el asesinato de los jesuitas, algunos jueces valoraron como muy positivo que por primera vez, en tiempo de guerra, se hubiera podido condenar a un coronel por asesinato. En contraste con la pomposa afirmación, quedaba en la impunidad el alto mando que había dado la orden de matar a Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Algo semejante ocurre hoy con el caso Saca. Mientras las condenas a los principales responsables oscilan entre 10 y tres años de prisión, a Pablo Gómez, un funcionario de base que traía y llevaba cheques y dinero desde los bancos a Casa Presidencial, le han caído 16 años. Es decir, el de menor responsabilidad en todo el operativo de desvío y apropiación de fondos permanecerá 16 años en la cárcel mientras el resto, mucho más implicado en la corrupción, saldrá pronto en libertad.

Los ministros y otros funcionarios que recibían sobres con dinero que no declaraban a Hacienda permanecen en la impunidad. Ni siquiera se les ha obligado a devolver el dinero o a pagar, con multa, los impuestos que deben. Varias de las empresas que recibieron sumas importantes sin entregar comprobantes y sin que mediara licitación, algunas de ellas dirigidas por amistades políticas de Saca, tampoco han sido obligadas a devolver el dinero. En cambio, a Pablo Gómez, del que no hay prueba de que se haya quedado con nada del dinero desviado, deberá devolver en torno a cinco millones de dólares. ¿Es esto propio de un Estado de derecho?

El juez que dictó la sentencia sabrá de leyes, pero parece ignorar los conceptos de racionalidad y justicia, fuentes indispensables del derecho. En estricto procedimiento judicial, debió separar los casos de Saca y sus compañeros de corrupción, beneficiados con un procedimiento abreviado, del de Pablo Gómez. Gómez defendió su inocencia de mandadero que cree que actúa legalmente trayendo y llevando cheques y dinero. Los otros aceptaron los delitos de los que se les acusaba y gozaron del privilegio de un juicio abreviado. Al someter a Gómez al procedimiento rápido del que gozaron los otros acusados, pese a que a él no le correspondía, se les impidió a sus abogados reunir todas las pruebas necesarias para defenderlo, conculcándole así al el derecho a la debida defensa técnica.

La Fiscalía también carga con culpa por lo sucedido. Es obvio que tiene mayor responsabilidad en un proceso de corrupción quien da la orden de acarrear dinero y se queda con todo o con parte, que aquel que la obedece sin conocer plenamente el uso que se le daba al efectivo. Y más si se le decía que buena parte se utilizaba para financiar al Organismo de Inteligencia del Estado, que desde su fundación, hace ya muchos años, no aparece en el presupuesto nacional y cuyos salarios son pagados en metálico sin que quede rastro. Da la impresión de que ante el hecho de que Gómez quiso luchar por su inocencia, la Fiscalía pidió para él, en venganza, una pena desproporcionada, y el juez le siguió el juego. Una especie de acto de venganza por no haber aceptado un procedimiento que favorecía a la Fiscalía, enredada en un juicio demasiado complejo.

Explicaciones jurídicas hay muchas, y tanto los jueces como la Fiscalía podrán dar sus explicaciones con argumentos más o menos legales. Pero queda para la historia la injusticia monumental de imponer una mayor condena a quien menos responsable era en todo el esquema de corrupción. Es evidente que a muchos jueces no les importa quedar como injustos. Tienen la tradición de ser laxos ante los fuertes y severos con los débiles. Acusados que deberían ser juzgados en libertad son procesados en prisión. Después de un año o más, por falta de pruebas, la mayoría de ellos son absueltos o sobreseídos. Pero a algunos jueces no les importa abusar de los humildes manteniéndolos presos si el ambiente mediático es favorable a la mano dura o los fiscales insisten en el encarcelamiento. Creemos en la justicia, pero no en la arbitrariedad. Y el seguimiento de diversos casos judiciales desnuda la falta de preparación técnica e irracionalidad de ciertos jueces, una forma de corrupción cercana al prevaricato. La Corte Suprema de Justicia no debe permanecer indiferente ante estos casos.