Sí a la modificación del IVA

Recientemente, el presidente Mauricio Funes dijo con firmeza que no estaba en sus planes modificar el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. Esta aclaración presidencial debe entenderse como una respuesta a todos aquellos que han abogado por un incremento general del IVA. La propuesta de aumentar la tasa del impuesto entre uno y tres puntos es una de las alternativas que varios especialistas en temas fiscales han propuesto para incrementar la recaudación fiscal y disminuir el déficit de las finanzas públicas. Esta posición la defienden sobre todo algunos de los grupos empresariales de nuestro país y organismos multilaterales como el BID y el FMI.

Como es ampliamente conocido, un incremento general del IVA afectaría la capacidad adquisitiva de la población, pues generaría un aumento en cadena de los precios de todos los productos. Sin duda alguna, la medida implicaría un fuerte golpe para la economía doméstica, en especial para las familias con menos recursos. Por ello, es buena noticia que el presidente Funes no esté de acuerdo con modificar el IVA de ese modo. Con ello muestra que tiene una visión social de los impuestos y que es consciente de todos los factores —sobre todo, los humanos— que están en juego.

Sin embargo, si bien un aumento general a la tasa del IVA sería muy perjudicial para la mayoría de la población, eso no significa que no se pueda modificar el IVA sin causar ese efecto negativo. En este sentido, la alternativa a valorar es modificarlo de modo que sea un poco más justo y se convierta en un impuesto progresivo, en el que paguen más los que tienen más, en el que paguen más los que consumen artículos que no son de primera necesidad.

Un IVA como el actual, que afecta a todos los productos y servicios por igual, independientemente de las necesidades, es a todas luces injusto y rompe con la lógica que deben tener los impuestos. Estos, además de ser un instrumento de financiamiento del Estado, deben ser también un medio de redistribución de la riqueza. El sistema actual, por el que se paga el mismo IVA al adquirir una medicina o una joya a base de metales y piedras preciosos, no supone ninguna justicia redistributiva.

La ley del IVA puede y debe ser modificada en beneficio de la mayoría de la población, que es la que tiene menos recursos y que en la práctica solo consume los productos de la canasta básica. Para ello, hay que modificar la tasa única del IVA actual e introducir una tasa que grave de forma diferenciada a las distintas clases de productos. Este cambio supone gravar con una menor tasa a los artículos de primera necesidad, los que son básicos e imprescindibles para la vida de la población y que consume la gran mayoría de la misma. Dentro de este grupo de productos debe incluirse a los alimentos, las medicinas, el vestido y el calzado, el transporte, los materiales educativos, las herramientas de trabajo y los servicios básicos.

Por el contrario, deben gravarse con una mayor tasa del IVA todos aquellos productos que en nuestra sociedad son considerados suntuosos, aquellos que solo pueden ser adquiridos por los que tienen altos ingresos. Entre ellos están los vehículos y viviendas de lujo, los electrodomésticos no esenciales (como las lavadoras o los microondas), los aparatos electrónicos de alta gama (las televisiones de plasma, por ejemplo), las joyas, las obras de arte, los objetos para el ocio y el placer. Para estos artículos la tasa del impuesto debería ser mayor cuanto más alto sea su precio y el lujo que representan.

Un IVA así planteado cumpliría con la función redistributiva que deben tener los impuestos y favorecería a los grupos sociales con menos recursos. Además, castigaría el consumismo que tanto daño hace a nuestro país. Por ello, en esto es necesario corregir al presidente Funes y afirmar que urge modificar el IVA, pero no de forma general, sino para que paguen más los que más consumen y, sobre todo, los que consumen productos más caros y lujosos.