Sin derecho a vivir

Los centros penales no escapan a la crisis de inseguridad que se vive en todo el país. En su interior, los privados de libertad están expuestos a todo tipo de peligros, como cualquier otro compatriota en las grandes ciudades. Sin embargo, las reacciones ante esta situación son radicalmente distintas en un caso y en el otro. Para no poca gente, a los reclusos no se les deben respetar sus derechos. ¿Por qué respetarlos si ellos no respetaron los de sus víctimas? ¿Por qué tenerles compasión si ellos no la tuvieron cuando cometieron sus crímenes? Ellos tienen que pagar por lo que hicieron, que sufran, hasta los deberían dejar morir porque eso merecen, piensa y dice alguna gente. Y esos son los principales argumentos para hacer la vista gorda ante todos los atropellos a los que son sometidos los internos de los centros penitenciarios del país. Si miramos al fondo de estos argumentos, las personas que piensan así no son muy diferentes, en su corazón, a quienes señalan con su dedo acusador. Si aprueban el sufrimiento y la crueldad para un semejante, no se distinguen mucho de los que comenten crímenes.

Hace algunos días, cuatro cuerpos de muchachos fueron encontrados por los custodios del Centro de Readaptación de Quezaltepeque, en La Libertad. Tres de las víctimas fueron descubiertas el sábado por la noche cuando los celadores retornaban a sus celdas a los privados de libertad, y la cuarta fue hallada la mañana del domingo. Las autoridades del Centro anunciaron que la Fiscalía ya investiga la muerte de los presos, quienes fueron brutalmente golpeados en el rostro y otras partes del cuerpo, y finalmente degollados con objetos cortantes aún no encontrados. Hace menos de un mes, el 29 de octubre pasado, tres internos del Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, fueron encontrados muertos con múltiples lesiones de arma blanca. Y en septiembre y en octubre, dos empleados del Centro Penal de Quezaltepeque fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas.

Como sucede con la mayoría de los crímenes que se sufren a diario en cualquier parte del territorio nacional, en todos estos asesinatos referidos a los centros penales las explicaciones de las autoridades no pasan de ser suposiciones que no responden a una investigación seria que arroje resultados. Además, los casos registrados en los centros penales tienen el agravante de ocurrir en instalaciones cerradas, bajo el supuesto control de las autoridades correspondientes. En definitiva, una persona privada de libertad en un centro penal está bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño, y este debe responder por la vida y la integridad de todas y todos los recluidos. A diferencia de lo que sucede con otros homicidios, por los de los centros penales no hay quejas, ni exigencias de investigación, ni mayor lamento más que el desgarrador y silencioso llanto de madres, esposas y familiares que han comprobado que en los centros penales la vida no vale nada.

Estos sucesos, que solo son noticia porque anuncian muerte, componen una muestra de la crisis que se vive en el sistema penitenciario nacional, el cual, como se ha dicho muchas veces, no cumple con la función de reeducar a los que infringen la ley para que luego puedan reincorporarse a la sociedad como ciudadanos honestos y productivos. El habla popular dice que si la calle es la escuela de la delincuencia, los penales son la universidad. Lamentablemente, esto cada vez cobra mayor realismo. Encerrar a cerca de 25 mil personas en instalaciones que tienen capacidad para solo un poco más de 8 mil no permite realizar ninguna labor educativa. Hacer registros en los que desaparecen el dinero y otras pertenencias de los internos —y sin embargo no desaparecen las armas que después serán usadas para asesinar— es otro signo de las vejaciones que se cometen contra quienes se pretende corregir.

Urge, entonces, hacer algo radical en los centros penales del país. Que mucha gente no comparta que la vida de los internos debe ser respetada no es justificación para que las autoridades incumplan con sus obligaciones. Como se necesita en todo el país, en los centros penales es apremiante aplicar medidas estructurales.