Sin despegue económico, sin derechos humanos

A un año de la entrada en vigencia de la ley que hizo del bitcóin moneda de curso legal en el país, ha quedado patente el gran fracaso de esa decisión, que fue rechazada desde un inicio por el 80% de los salvadoreños. A pesar de la propaganda gubernamental, del incondicional apoyo del presidente de la República y del enorme gasto realizado en promover la criptomoneda (más de 200 millones de dólares entre fideicomiso, cajeros, billetera Chivo y saldo de 30 dólares de bienvenida), hoy por hoy, según un sondeo de La Prensa Gráfica, el 78% de los salvadoreños no acepta ni recibe el bitcóin como medio de pago. Pero el estrepitoso fracaso no se debe únicamente al rechazo ciudadano y al despilfarro de recursos públicos que mucha falta hacen para cubrir necesidades básicas de la población. El bitcóin ha causado un grave perjuicio a la nación al cerrarle las puertas de importantes instituciones financieras (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) y disparar su nivel de riesgo, lo que significa que el país no goza de confianza por parte de los inversionistas y que para conseguir financiamiento en el mercado internacional tendrá que pagar tasas de interés elevadísimas. A pesar de ello, el Gobierno sigue empecinado en su solitaria apuesta por el bitcóin y parece no estar dispuesto a derogar la ley respectiva.

Por otra parte, el 8 de septiembre se conmemoró el día internacional dedicado al periodismo, una profesión necesaria y fundamental para que la ciudadanía tenga información confiable de lo que acontece en su país y en el mundo entero. Un oficio que solo es posible realizar a plenitud si se respeta la libertad de expresión, tipificada como un derecho humano. Sin embargo, en el país, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalan desde hace meses el incremento de las amenazas al trabajo periodístico, las cada vez más frecuentes situaciones de acoso o agresión por parte de policías o funcionarios públicos. Este clima de rechazo al trabajo periodístico independiente es un aspecto más de la vocación autoritaria del régimen político actual. Ello debe preocupar a toda la ciudadanía, como preocupa a la comunidad internacional. De hecho, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que El Salvador está experimentando una retroceso en el tema de libertad de expresión y que el número de agresiones a periodistas ha venido en aumento. Así lo afirma el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca: “El Salvador no era parte de los países que más agresiones policiales a periodistas aportaba a las distintas instancias que monitorean y hacen estadísticas regionales, y recientemente lo empezamos a ver. Recibimos muchos reportes sobre agresiones, restricciones y un ambiente hostil para la prensa”.

Y mientras estas cosas suceden, el funcionario que debería velar por la defensa y goce de los derechos humanos guarda silencio o dice no ver graves violaciones a dichos derechos. Paralelamente, en las entrevistas que está realizando la Asamblea Legislativa en el marco del proceso de elegir al nuevo procurador de derechos humanos, no se observa ninguna preocupación en los diputados oficialistas por encontrar a un candidato idóneo, sino más bien lo contrario: descubrir cuál será más dócil y apoyará más decididamente las acciones del Gobierno. Hasta el momento, ninguno de los entrevistados ha mostrado la firmeza e independencia requeridas para cumplir con la delicada función que la Constitución le asigna al procurador de derechos humanos. Muy en su costumbre, los legisladores de Nuevas Ideas se preparan para, entre discursos grandilocuentes desconectados de la realidad, elegir a un funcionario sin capacidad ni vocación de cumplir con lo que la ley le exige.