Sin margen para el despilfarro

Recientemente, el presidente Funes ofreció más equipo y presupuesto para la Fuerza Armada; en concreto, en el Día del Soldado, anunció la compra de 10 aviones A-37 a la Fuerza Aérea chilena. Las naves han sido puestas a la venta porque ya han cumplido su vida útil y llevan en retiro cuatro años, sin que nadie antes haya mostrado interés en comprarlas. Desatinado asunto, y por varias razones. En primer lugar, porque es cuestionable que El Salvador requiera de aviones de guerra para su Fuerza Aérea. Los A-37 son de combate; su única función es bombardear posiciones estratégicas. No sirven para realizar otro tipo de operaciones, mucho menos para apoyar misiones de seguridad pública. A lo sumo, servirán para formar y entrenar pilotos que, como es usual, una vez tengan la acreditación correspondiente, buscarán empleo en las líneas áreas comerciales.

Además, si El Salvador quiere seguir aportando a la paz en Centroamérica, en lugar de rearmarse debe fortalecer las relaciones con sus vecinos. La mejor alternativa para hacerlo es sustituir las armas por el diálogo y la búsqueda de entendimientos. Es una mala señal hacia nuestros vecinos armarnos más, aunque sea con aviones más de museo que operativos. Este tipo de acciones pueden iniciar una espiral armamentista con fines disuasivos que en nada abonaría a la estabilidad de la región centroamericana.

En los últimos tres años, la Fuerza Armada salvadoreña ha recibido incrementos presupuestarios: de 141 millones de dólares en 2011 pasó a 153 millones de dólares en 2013. Además, en 2012, recibió equipo donado por Estados Unidos por un valor de más de 10 millones de dólares. Y desde 2010, cada año ha solicitado un refuerzo presupuestario para cubrir los gastos de las labores de seguridad que hacen los más de 6 mil efectivos militares dedicados a esa misión. En esta línea, ya se anunció que el Gobierno solicitará a la Asamblea Legislativa otro refuerzo de 10 millones de dólares y una cantidad similar para la compra de los 10 aviones.

Vistas esas cifras, no hay duda de que el Ejército le sale caro a El Salvador. Sin contar las donaciones en especie que la Fuerza Armada recibe de países amigos, cada efectivo militar cuesta en la actualidad unos 11 mil dólares anuales, muy por encima de lo que recibe la mayoría de maestros. El presupuesto del Ejército es casi el doble del asignado a la Universidad de El Salvador y equivale al 43% del que le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el que se debe cubrir todo el gasto de la Policía Nacional Civil, cuerpo fundamental en las labores de seguridad pública.

En las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país, es necesario priorizar los gastos y las inversiones. Los escasos recursos disponibles deben destinarse a lo que produzca más beneficio, a lo que más favorezca a la población, sea para el presente o para el futuro. No hay margen para el despilfarro. Y con toda honestidad hay que decir que la compra de esos 10 aviones sería un despilfarro. Aparte de que por su obsolescencia (dejaron de fabricarse hace más de 36 años) requerirán de mantenimiento constante, el país no los necesita porque con ellos no podrá defenderse de nada y porque nuestros países vecinos no son ninguna amenaza.

Si se dispone de recursos, más beneficioso sería dar becas universitarias a los estudiantes de familias pobres, mejorar las escuelas rurales y de barrios marginales, fortalecer el proyecto de escuela inclusiva de tiempo pleno, equipar mejor los laboratorios informáticos de los institutos públicos de bachillerato, adquirir equipos necesarios en los hospitales... Son estas solo algunas de la larga lista de necesidades que tienen los distintos ministerios para atender mejor a la población. Es la inversión en la gente lo que llevará a El Salvador al desarrollo, no la compra de aviones de combate.

Es probable que con esta oferta el presidente Funes quiera agradecer el apoyo de la Fuerza Armada a su Gobierno y la participación de esta en las tareas de seguridad. Pero no es este el modo. Los soldados deben hacer su trabajo con la disciplina y el rigor que les son propios, sin esperar reconocimiento extraordinario por eso. Su misión es servir donde se les demande y puedan hacer algo por el país. El amor a la patria que profesan les facilitará entender que en este momento el Estado no puede incurrir en gastos innecesarios. Su preocupación por el bienestar del pueblo salvadoreño debe llevarles a estar conscientes de las grandes y urgentes necesidades de la población; su espíritu abnegado les permitirá anteponer los intereses de las mayorías a los propios. Si de reconocimientos se trata, los esfuerzos deberían centrarse en que —al igual que para el resto de funcionarios del Estado— los salarios y prestaciones de los efectivos de la Fuerza Armada, en especial de los soldados, sean dignos, y que se otorguen con prontitud y justicia las condecoraciones y ascensos por buen desempeño y fiel cumplimiento del deber.