Sin oposición

A la hora de reconocer los crímenes del pasado para hacer justicia y dar lugar a la reparación, muchos políticos dicen que hay que mirar hacia adelante y no perder tiempo lamentándose por el pasado. Pero cuando les conviene, el pasado es un argumento de peso para justificar decisiones y acciones. Durante su estancia en el Gobierno, la derecha empresarial y política culpó a la guerra —y, por ende, al FMLN— de los problemas nacionales. Por su parte, el FMLN justificó con las dos décadas de Gobiernos de Arena su incapacidad de estar a la altura de las necesidades y expectativa de cambio de la población. Ahora, tanto el nuevo Gobierno como la derecha empresarial coinciden en que los grandes males del país son producto de los 10 años de gestión del FMLN.

Todos los actores y Gobiernos de la posguerra tienen responsabilidad en la crítica situación del pueblo salvadoreño. Los graves problemas que afectan a las mayorías son de orden estructural y de vieja data. Por eso, ya sea por acción, omisión o complicidad, la responsabilidad es compartida. Otra cosa es que una de las estrategias políticas preferidas de una nueva administración sea sobredimensionar la negatividad de la situación que recibe y atribuirla a sus predecesores, para así intentar mejorar su perspectiva de aprobación entre la población.

La innegable y permanente campaña de los grandes medios de comunicación contra los Gobiernos del FMLN (especialmente, contra el último), aunada a la incapacidad de gestión del partido de izquierda y mayúsculos errores como defender actos de corrupción de algunos de sus funcionarios han posicionado en el imaginario colectivo que las dos últimas administraciones han sido las peores de la historia nacional. Una prueba fehaciente de esta percepción es que los ciudadanos calificaron con 4.38 el desempeño de la administración de Sánchez Cerén; la nota más baja en la historia reciente del país. ¿Esta percepción ciudadana se corresponde con la realidad?

Aunque por su naturaleza tiene más afinidad con la derecha, el Banco Mundial habla de avances y logros en los últimos dos Gobiernos. Reconociendo que el bajo crecimiento económico viene desde hace aproximadamente 20 años, destaca que el país alcanzó el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 5, relativo a la mortalidad materna, pasando de 65.4 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2006 a 38 en 2013. Y que entre 1990 y 2016, pasó del 76% al 93% en tasas de inmunización, del 79 al 89% en acceso a fuentes mejoradas de agua y del 56% al 95% en acceso a saneamiento mejorado. Según el Banco, el índice de Gini, que mide la desigualdad, disminuyó alrededor de 5 puntos porcentuales entre 2007 y 2016, y las personas más pobres tuvieron un crecimiento en sus ingresos del 20%. La contracara de estos avances, sostiene la institución, son las tasas alarmantes de criminalidad y violencia.

Es decir, en los últimos dos Gobiernos, no todo fue malo, como quieren hacer ver los sectores de derecha, en parte para ocultar los desfalcos de su partido. Eso no significa que las gestiones de Funes y Sánchez Cerén hayan echado adelante grandes cambios, como insisten algunos que todavía defienden lo indefendible. Los Gobiernos del FMLN no fueron los causantes directos de los grandes males naciones, pero tienen una enorme responsabilidad por no haber modificado los pilares en los que se asienta la injusticia, la corrupción y la desigualdad.

Fruto de sus errores y del rechazo ciudadano, el FMLN y Arena están hoy enredados en luchas intestinas de poder, lo que por el momento los deja sin capacidad de ejercer una oposición responsable y constructiva. Así, los dos partidos otrora mayoritarios le dejan el camino despejado a una nueva administración que, por lo visto en las últimas semanas, necesita, urge, de los contrapesos y controles propios de un régimen democrático.