Sin plena independencia

Reflexionar sobre la independencia en el mes en que la conmemoramos es ineludible por una sencilla razón: la independencia es un proceso, más que un hecho del pasado, y El Salvador no está siendo coherente con ello. Un país no es plenamente independiente si su población no goza de libertad para llevar una vida digna y desarrollar plenamente sus capacidades, cuando no puede ejercer sus derechos Se pueden tener fronteras, ejército, ley y un poder establecido con diversas funciones, pero si es cierto que la persona humana es “el origen y el fin de la actividad del Estado”, como dice nuestra Constitución, también lo es que la privación de derechos básicos es muestra de un Estado deficiente. Y un Estado deficiente, incapaz de cuidar a la gente que le da fundamento, no puede decirse libre.

No pueden llamarse libres, ni por tanto independientes, naciones caracterizadas por el autoritarismo y la corrupción, en las que los ciudadanos no son escuchados, donde es fácil reprimir y violar derechos humanos. La concepción moderna de la independencia pasa hoy por la democracia, la institucionalidad firme, la participación ciudadana, la transparencia y redes de protección adecuadas y con cobertura universal. Si hay abuso de minorías sobre mayorías y de poderosos sobre débiles, no podemos hablar de independencia plena. La necesidad de emigrar a causa de la situación económica o de la violencia, el desplazamiento forzado por la brutalidad de unos pocos, no hace libre ni independiente a nadie.

Cuando Centroamérica reflexionó a fondo sobre su independencia en la primera Asamblea Constituyente, en 1823, se habló con radicalidad de la igualdad. La primera Constitución abolió la esclavitud diciendo que si todos hemos sido creados por Dios, no puede haber esclavos. Hoy se puede afirmar con completo derecho que si todas las personas tienen la misma dignidad, no puede haber desigualdades insultantes a esa dignidad. Así, no deberían existir dos sistemas públicos de salud que ofrecen un servicio de diferente calidad en función del ingreso y el estatus social. Que una campesina que ha trabajado toda su vida para sacar adelante a sus hijos no tenga pensión es un insulto a la conciencia de la radical igualdad de las personas que tuvieron algunos de los próceres. Y también es un insulto a nuestra Constitución, que parte del mismo principio. Bolívar afirma en una de sus cartas, tras la división de los países a cuya independencia había contribuido: “[En América] los tratados son papeles; las Constituciones, libros; las elecciones, combates; la libertad, anarquía”.

Tenemos una Constitución construida sobre los derechos humanos, pero vivimos ajenos a ellos. ¿Es eso vivencia de la libertad? Y si no lo es ¿somos independientes? La concepción de independencia, vinculada ayer a la igual dignidad y libertad de los hijos e hijas de Dios, y hoy a los derechos humanos, tiene poco eco tanto en los políticos como en el resto de la población salvadoreña. Preferimos ensalzar nuestras particularidades, dedicarle poesías a la bandera o mostrar la fuerza de un Ejército incapaz de pedir perdón por los crímenes del pasado. ¿Somos un Estado de derecho o un país donde los poderosos se pueden dar el lujo de despreciar a los débiles?

Los juicios en los que se tratan temas de derechos humanos son por lo general los más lentos. Los defensores de los criminales del pasado se dan el lujo de insultar a las víctimas sin que las instituciones sean capaces siquiera de moderar su animosidad y agresividad. Casos como el de El Mozote y Fenastras avanzan demasiado despacio sin que el Estado sea capaz de deducir responsabilidades. Para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que exige el juicio de los crímenes señalados por la Comisión de la Verdad, a la Asamblea Legislativa no se le ha ocurrido nada mejor que conformar una comisión en la que participan criminales de guerra, encubridores de delitos y miembros de instituciones u organizaciones que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Independencia no es olvido de los derechos humanos, incapacidad de defenderlos e implementarlos con claridad y contundencia. Está bien que recordemos la fecha histórica, pero no solo como un triunfo del pasado, sino sobre todo como un desafío del presente. Mirar a los derechos humanos y recordar cómo los defendieron los próceres debe ser un estímulo en una realidad en la que la desigualdad, la violencia, el trabajo precario, la debilidad institucional y la transmisión generacional de la pobreza son dinámicas de la cotidianidad.