El transporte colectivo de pasajeros en el área metropolitana de San Salvador es un auténtico desastre, tanto por su ineficiencia como por la inseguridad en la que viajan los usuarios. A pesar de que varios Gobiernos han prometido hacer mejoras y de los muchos millones gastados anualmente en el subsidio a los transportistas, nada cambia: buses en pésimo estado, conductores irresponsables, cambios de rutas sin justificación y asaltos recurrentes. Ni las revisiones técnicas obligatorias para el cambio de placas, ni la intensificación de controles a los buseros por parte de la PNC, ni las amenazas de retirar el subsidio si no mejoraban las unidades lograron que los empresarios del transporte colectivo hicieran las mejoras prometidas. Desgraciadamente, todas esas medidas tuvieron un carácter coyuntural que los buseros lograron sortear. Así, las cosas quedaron como estaban.
Y esta situación es una clara muestra del poco interés gubernamental en mejorar un servicio que es usado a diario por miles de personas. Es evidente también la falta de visión social de los funcionarios, que no han creído necesario invertir en los servicios públicos masivos. El transporte colectivo, particularmente en el área metropolitana de San Salvador, debería ser una de las prioridades gubernamentales, porque es uno de los servicios más demandados y sus deficiencias perjudican diariamente a gran parte de la población. De haber existido una verdadera preocupación por ofrecer a los salvadoreños un transporte público de buena calidad, este habría sido reformado hace años.
La ineficiencia e inseguridad del transporte colectivo ha conllevado el uso excesivo de automotores privados. Así, las calles de San Salvador se han quedado pequeñas; la circulación se ha convertido en un martirio, con el consiguiente aumento de los accidentes de tránsito, de contaminación, de gasto en combustible, de tiempo destinado a los desplazamientos. El sistema de transporte en el área metropolitana de San Salvador requiere, pues, de una revisión y actualización completa. El anunciado proyecto del Sitramss parecía ser una solución a muchos de estos problemas, pero los constantes atrasos en su implementación y la falta de respuesta a muchas preguntas sobre su funcionamiento están poniendo en duda sus supuestas virtudes. Si a eso le sumamos el fracaso en la implementación del sistema de pago electrónico, al que se renunció por el rechazo de la población y de las mismas empresas de transporte, es fácil pensar que no habrá una mejora a mediano plazo.
En el problema de transporte colectivo de pasajeros, tendría que haberse mostrado la misma eficiencia y capacidad aplicadas en la construcción de infraestructura vial de gran magnitud. El Sitramss, tristemente, se está desarrollando con una lentitud inexplicable; y todo apunta a que el proyecto arrancó sin tener todos los cabos bien atados ni todos los problemas resueltos. La falta de respuesta a preguntas tan obvias como qué precio tendrá el pasaje o cómo se hará el transbordo desde otras unidades de buses a las del Sitramss y viceversa, no abona en nada a la credibilidad del proyecto.
Problemas aparte, el Sitramss es una necesidad y una oportunidad real para iniciar un nuevo sistema de transporte público que responda a la demanda de eficiencia y seguridad de la población. Sistemas similares han sido implementados con éxito en otras ciudades latinoamericanas; y no hay razón para que no funcione en San Salvador. Las trabas que se han dado hasta ahora y que han atrasado su implementación deben ser resueltas a la mayor brevedad posible, corrigiendo todo lo que sea necesario para que este proyecto sea una realidad y traiga una mejora significativa en la calidad de vida de los ciudadanos. A todos debería interesarnos que el Sitramss sea exitoso.