Sombras éticas

Las declaraciones de un diputado del partido GANA, afirmando que los actos de un supuesto grupo de exterminio son ilegales, pero podrían ser morales, son totalmente condenables desde el punto de vista ético y cristiano. El homicidio agravado, lo cometa quien lo cometa, nunca es moral. Y menos en un país en el que, aunque abunda la muerte, legalmente no hay pena capital. Palabras como las del diputado Guillermo Gallegos, que tienen además el agravante de venir de un abogado, solo contribuyen a aumentar el clima de violencia que impera en el país. La mayoría de comentarios anónimos en Internet respaldando las declaraciones de este funcionario público han sido claramente ofensivos al Estado de derecho. Y aunque representan a una minoría de la población, este tipo de expresiones, a favor de aplicar una retorcida idea de justicia por la vía del asesinato, deben ser condenadas siempre con claridad.

Aunque la Constitución otorgue a los diputados una absoluta libertad de expresión, habría que preguntarse si dar moralidad al homicidio agravado perpetrado por fuerzas irregulares organizadas para matar ilegalmente no es una forma de apología del terrorismo. Ciertamente, ese tipo de afirmación no corresponde a la "notoria honradez e instrucción" que la Constitución pide para los diputados en su artículo 126. El crimen y el homicidio están demasiado enraizados en El Salvador como para pretender desterrarlos con el simplista mecanismo de asesinar profusamente a quienes se suponga que son partidarios de matar a otros. En otras palabras, se acabaría afirmando que con el desarrollo de más grupos criminales es como se puede vencer a la criminalidad. Entre esa postura y el Estado fallido no hay ninguna distancia.

La ética exige que cualquier afirmación antidemocrática e ilegal sea rechazada públicamente, especialmente cuando un funcionario del Estado la profiere. GANA debería distanciarse de las palabras de Gallegos, lo mismo que la Asamblea Legislativa. No basta decir que esas son opiniones personales; es necesario confrontar sin rodeos ni medias tintas esa brutal irresponsabilidad de calificar como moral al homicidio agravado y a las bandas organizadas para asesinar. Como si eso no fuera suficiente, Gallegos vuelve a la carga pretendiendo defender la pena de muerte. Un abanderado de la posible moralidad del homicidio y de las bandas criminales no puede garantizar que la pena de muerte se aplicaría con justicia en El Salvador. Por otro lado, la inutilidad de ese castigo está demostrada, y ya hace años la UCA emitió un comunicado en el que queda claro el absurdo y la ineficacia de la pena de muerte desde diversos ángulos.

La Iglesia católica ha dicho repetidas veces que "la creciente aversión de la opinión pública a la pena de muerte y las diversas disposiciones que tienden a su abolición (...) constituyen manifestaciones visibles de una mayor sensibilidad moral". Si seguimos la lógica de nuestra Iglesia, fomentar la imposición de la pena de muerte sería, en sentido contrario, promover la insensibilidad moral. Una insensibilidad patente en todos los que defienden la moralidad del asesinato como fórmula para frenar los homicidios. Enfrentar los problemas de una "economía que mata", las graves carencias laborales, educativas, de vivienda y de salud es el camino básico e inicial para vencer la violencia. Violencia estructural y violencia criminal tienen siempre una íntima relación. Por supuesto, debe mejorarse la capacidad profesional y técnica de la Policía, así como promover que se acerque más a la población. Al mismo tiempo, hay que fomentar una cultura de paz que parta del diálogo con las comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Matando, sea desde la ilegalidad de la Sombra Negra o desde la legalidad de la pena de muerte, solo sumaremos más muerte, insensibilidad e irracionalidad en El Salvador, tan golpeado por la falta de valores éticos entre sus élites.