Suma inhumanidad

La primera medida implementada por el nuevo Gobierno para intentar disminuir los índices de criminalidad ha sido declarar emergencia en los centros penales y ordenar el traslado de cientos de reos a cárceles con mayor seguridad. La medida conlleva la prohibición de visitas familiares, la eliminación de toda señal telefónica y de datos alrededor de las prisiones, y el control del perímetro de las mismas por parte de miembros de la Fuerza Armada. Según las autoridades del Ministerio de Justicia y seguridad, todas estas medidas buscan cortar completamente la comunicación entre los privados de libertad y el exterior, y así evitar que desde los reclusorios se sigan ordenando crímenes, especialmente contra policías y soldados.

Estas acciones que ahora dicen aplicarse para enfrentar una emergencia son habituales en seis centros penitenciarios desde hace más de tres años, cuando por las mismas razones se aprobaron las medidas extraordinarias para los presidios que albergan pandilleros. Medidas que pasaron a ser permanentes en agosto del año pasado por decisión de la Asamblea Legislativa, contra la opinión de muchos. En noviembre de 2017, la ONU solicitó su derogación porque consideró que eran violatorias de los derechos humanos. Unos meses después, en febrero de 2018, la relatora especial de Naciones Unidas Agnes Callamard, al finalizar su visita al país, afirmó: “Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”. Ahora, estas medidas se aplican a todo el sistema penal sin que se hayan aportado evidencias de que los crímenes contra policías y soldados son ordenados desde los presidios.

Las acciones del Gobierno de Bukele no toman en cuenta la opinión de Naciones Unidas y profundizan situaciones que han sido criticadas tanto a nivel nacional como internacional por instancias defensoras de los derechos humanos. Los medios de comunicación han publicado fotos de los traslados en las que los presos van descalzos, vestidos solo con calzoneta, amarrados con cadenas y caminando en cuclillas. Una clara muestra de trato inhumano, denigrante y represivo. Aunque ello pueda ser coherente con el anuncio de privilegiar la represión en la lucha contra el crimen, es totalmente contrario a una doctrina de seguridad respetuosa de los derechos humanos y acorde con la función primordial del sistema penitenciario. Esta forma de operar viola la Constitución, que en el artículo 27 afirma lo siguiente: “Se prohíbe [...] las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

A pesar del programa Yo Cambio, una apuesta prometedora pero aún poco extendida para promover la readaptación de los privados de libertad, la educación y la rehabilitación están ausentes de la lógica del sistema penitenciario salvadoreño. Al contrario, los castigos, los malos tratos, el hacinamiento y el aislamiento prolongado son habituales; una realidad que hace de los penales lugares inhumanos e inadecuados para la misión que la Constitución les asigna. Los privados de libertad, por muy atroces que hayan sido sus crímenes, conservan el derecho a la vida y al respeto de su dignidad, propios de todo ser humano. Este principio debe ser respetado, siempre. Eliminar las visitas familiares es una decisión errónea e injustificada, un castigo tanto para el recluso como para su núcleo familiar. La visita de esposa, hijos o padres es fundamental, pues mantiene el vínculo, fortalece la capacidad del grupo para sobrevivir a la privación de libertad, alimenta la esperanza y prepara para la inserción en la sociedad al finalizar la pena. Con seguridad, durante la visita se dan los únicos momentos plenos de humanidad y afecto para el preso. Y ello no debe impedirse si no favorecerse, pues constituye un importante factor de rehabilitación e introduce un atisbo de luz en un sistema penitenciario cruel y degradante.