Desde hace algunos años se viene hablando de la exclusión social, entendida como el fenómeno que excluye de los beneficios sociales a determinados grupos de personas. Las personas son excluidas de la sociedad no por decisión propia, sino porque la sociedad se ha organizado de tal manera que las hace a un lado. Es gente marginada, gente a la que se le niega el derecho a participar de todos aquellos derechos que una sociedad debe garantizar a sus ciudadanos.
Esta realidad nos preocupa enormemente, pues en nuestro país, según un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Universidad, dos terceras partes de la población son excluidas socialmente; es decir, cuatro de los seis millones de salvadoreños sufren marginación. Es una cifra alarmante.
Exclusión social no es lo mismo que pobreza; no son sinónimos, aunque están muy relacionadas entre sí. La pobreza es un resultado de la exclusión. La exclusión social es mucho más perniciosa, pues bloquea las posibilidades de ascender socialmente, de mejorar la situación actual de las personas excluidas.
Los pobres son aquellos que no pueden satisfacer las necesidades básicas para vivir, como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. Cuando las organizaciones internacionales, que estudian estos temas y definen quiénes son pobres, hablan de pobreza, generalmente se refieren al nivel de ingreso de una persona o familia. Así, para el Banco Mundial, se está en pobreza extrema cuando se tiene un ingreso de un dólar con veinticinco centavos por día, y en pobreza moderada cuando el ingreso es de dos dólares por día.
Vista la pobreza desde esta perspectiva puramente económica, el camino para su superación aparentemente es sencillo: sólo se trata de incrementar el nivel de ingresos de una familia para que sobrepase la línea divisoria entre los pobres y los no pobres. Si los ingresos por persona del grupo sobrepasan los dos dólares diarios, la familia deja de ser pobre y, aparentemente, estará solucionado el problema.
Pero desgraciadamente no es así, y por ello es que debemos hablar de superar la exclusión social. Aunque una familia logre pasar la línea divisoria entre los pobres y los no pobres porque sus ingresos han crecido, nada garantiza que esté ya incluida socialmente. En este sentido, superar la exclusión social va más allá de obtener un ingreso determinado por encima del umbral de la pobreza. Superar la exclusión social supone eliminar todas las barreras y bloqueos para que las familias, hoy marginadas, puedan pasar a participar de todos los beneficios que la sociedad debe ofrecer en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Esto es más difícil y complejo, pero a ello debemos aspirar si queremos una sociedad verdaderamente justa y solidaria, una sociedad sin marginados, una sociedad con verdadera igualdad de oportunidades para todos. Es este el camino a un verdadero proyecto de país.
La exclusión social se da porque las sociedades están estructuradas de manera que bloquean a determinados grupos el acceso a derechos que son de todos. Bloqueos que muchas veces se originan en la misma legislación. Un ejemplo de ello lo encontramos en la legislación laboral actual para las empleadas domésticas y los trabajadores agrícolas.
Por ley, los empleadores de los trabajadores agrícolas y empleadas domésticas no están obligados a inscribirlos en el Seguro Social. Por ley, las trabajadoras domésticas y los trabajadores agrícolas no tienen derecho al seguro de salud que ofrece el Instituto del Seguro Social al resto de trabajadores y trabajadoras salvadoreñas. Por ley, estos trabajadores y trabajadoras tampoco tienen derecho a gozar de una pensión el día que alcanzan la edad de jubilación.
Estos dos oficios están excluidos de un derecho del que pueden gozar el resto de los trabajadores salvadoreños. Negarles el derecho al servicio de salud y a una pensión digna es una discriminación que no tiene justificación ninguna. Con ello se está excluyendo socialmente a miles de personas. Miles de personas que realizan un gran servicio a nuestro país.
El lunes pasado, 1 de marzo, el Consejo Económico y Social logró ponerse de acuerdo para definir las apuestas estratégicas para el año 2024 y las áreas prioritarias para el quinquenio que va del 2010 al 2014. Entre estas, la primera es "la reducción significativa y verificable de la pobreza, la desigualdad económica y de género, y la exclusión social". Esto nos alegra profundamente, y felicitamos al Consejo por ello.
Para hacer realidad esta apuesta es necesario, por supuesto, tomar medidas concretas. Es urgente, entonces, revisar toda la legislación nacional para eliminar de ella todo aquello que excluya a personas o grupos, y garantizar la igualdad derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Así, nuestra propuesta es que la primera de estas medidas sea reconocer los plenos derechos laborales y sociales a los trabajadores agrícolas y empleadas del hogar. Ellos y ellas llevan años esperándolo.