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En medio de las discusiones económicas y del endeudamiento, se olvida el debate principal que debe darse en El Salvador. ¿Cómo es posible que no podamos recaudar por la vía de los impuestos lo que el país necesita para promover adecuadamente la dignidad de todos y la justicia social? Esa es la pregunta que debería primar en la agenda pública, en vez de ese griterío vocinglero y furibundo en que se habla de valores, pero se olvidan los problemas estructurales. Como si todas las dificultades nacionales se debieran a la mala intención de unos u otros.
Sólidos economistas salvadoreños afirman que tenemos un serio problema de elusión y evasión tributarias. En los casos del IVA y de la renta, algunos estiman que se está dejando de recibir en torno al 40% de lo que en la actualidad se recoge. Aunque algunos creemos que es necesaria una reforma fiscal seria, no hay que perder de vista que incluso con la legislación actual podríamos recoger para fines sociales y de desarrollo ese 40% más. En otro orden, en 2008 el PNUD hacía unos cálculos de lo que se podría recaudar si aumentara el trabajo decente. En ese momento, y en la actualidad tenemos una situación parecida, el trabajo decente y formal cubría al 20% de la población económicamente activa. Si el 70% de ella tuviera trabajo decente, la recaudación aumentaría 7 puntos; y si se llegara al 100%, el incremento sería de 10 puntos.
La cuestión es grave. La evasión y la elusión son formas lacerantes de irresponsabilidad ciudadana. El Salvador necesita urgentemente una mayor solidaridad social. La ausencia de trabajo decente es muestra de insolidaridad y, en muchos casos, de egoísmo de las élites. La empresa es una fuente de riqueza y cumple un papel esencial para el desarrollo del país. Pero no puede seguir lavándose las manos ante esta situación. En las encuestas en las que se pregunta por la credibilidad de instituciones y actores, los empresarios están prácticamente junto a los políticos; es decir, en el fondo de la credibilidad ciudadana. Y la razón está clara.
No solo se contempla una insensibilidad social en muchos empresarios y en algunas obras empresariales, como grandes edificios de lujo construidos escandalosamente al lado de comunidades marginales, sino que además se muestran indolentes y convenientemente silenciosos ante la evasión de impuestos que deberían tener fines sociales y de inversión en la gente. Y no se trata aquí de atacar a los empresarios per se, sino de recordarle a los que son buenos, que los hay, que tienen el deber no solo de pagar puntualmente sus tributos, sino de insistir y exigir normas e inspecciones que impidan que los irresponsables evadan impuestos dañando a todo el gremio.
Hay que actuar contra los que se lucran de la elusión, la evasión y el trabajo indigno. Demasiada gente no está cubierta por las redes de protección social y carece de un salario decente. Quienes evaden y eluden gravámenes tienen la mayor parte de la responsabilidad. Pero también es responsable la posición farisea de la ANEP, que se rasga las vestiduras cuando se publican los nombres de morosos con Hacienda. Aparecer en publicaciones es más bien un regalo para algunas de estas personas, pues deberían estar presas por el daño que hacen a la sociedad salvadoreña al evadir impuestos. Por supuesto, hay también una responsabilidad en los legisladores incapaces de diseñar normas adecuadas que eviten la evasión y elusión. Y lo mismo podemos decir del Ministerio de Hacienda, con escasa capacidad de investigar y sancionar estos delitos.
Se puede discutir el tema que tanto ha polarizado al país últimamente: el freno a los 900 millones de dólares de deuda pública. Y eso pese a que en ese debate se han vertido acusaciones que desdicen de la capacidad política e inteligencia de algunos grupos. Pero sobre todo debemos abordar los temas estructurales que nos obligan a jugar con la deuda y a comprometer el futuro de las próximas generaciones. La elusión, la evasión y el bajo porcentaje de trabajo decente en El Salvador son problemas graves que ameritan un debate más serio que el que se está teniendo en torno a los ya famosos 900 millones, aunque estos puedan ser necesarios en el momento actual.
