En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, es necesario remarcar la necesidad de continuar con un proceso de trabajo serio que coloque los derechos de la mujer en paridad con los de los hombres y que, por supuesto, pare la violencia contra ellas. Si bien en esta materia se han dado avances notables en el país en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, en vez de dialogar sobre el tema, la política gubernamental actual privilegia el espectáculo y la confrontación. En estos día, una diputada de Nuevas Ideas criticó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, muy en la línea del afán de su partido de descalificar todo lo que no sea obra de ellos. Lo cierto es que dicha ley ha contribuido a frenar actitudes y acciones en contra de la mujer, aunque el machismo continúe presente de un modo insultante e hiriente, sobre todo en lo que respecta a los derechos básicos de las mujeres. Basta poner como ejemplo el no reconocimiento estatal de los derechos asociados a las tareas de cuido. En justicia, una mujer que cuida a sus hijos y a sus padres ancianos, dedicando la jornada completa a ello, tiene el mismo derecho a pensión que cualquier trabajador asalariado.
Muchos países han incorporado a la mujer al trabajo asalariado en igualdad de condiciones con el hombre y han organizado las tareas de cuido como parte de la responsabilidad del Estado. En el norte de Europa, se dan dos años de licencia laboral pagada por maternidad, repartiéndose ese tiempo entre el padre y la madre. Por idealista que esa meta parezca, caminar hacia ella es indispensable no solo para el desarrollo económico y social de El Salvador, sino también para su desarrollo ético y moral. Pero avanzar en esa dirección implica más que pequeñas decisiones simbólicas como aumentar ligeramente el tiempo de maternidad a las mujeres y dar unos días de permiso a los padres. Muchos hombres gustan de ponerse líricos al hablar de las madres, pero son reacios a regular los derechos de la mujer. Y da la impresión que en el actual Gobierno tanto hombres como mujeres optan por ese lirismo en lugar de dar pasos concretos hacia la plena igualdad de derechos.
Firmar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un paso que el Gobierno no se atreve a dar. Lo mismo que ratificar el Convenio 189 sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar; o crear una policía especializada en la persecución de los delitos contra la mujer, especialmente los sexuales, que en la mayoría de casos quedan impune. Es irresponsable decir que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres no sirve y que se hará una nueva. Una declaración de intenciones que solo desata preocupación al considerar la baja calidad legislativa del partido oficial. Comprometer al país con la supervisión de la ONU en la protección de los derechos de la mujer sería mucho más sensato y beneficioso que dar golpes de efecto y formular grandilocuencias vacías que dejan inalterada la dura realidad de las mujeres.