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Quienes pretenden deslegitimar el movimiento en defensa del agua recurren, en esencia, a tres falacias, que presentan como verdades absolutas. La primera: la lucha por el agua es político-partidaria. Por ende, la movilización ciudadana obedecería a un plan orquestado por el FMLN para desinformar y toda persona u organización que defiende el derecho humano al agua estaría siendo manipulada o desconocería totalmente la problemática. Falso. La lucha por el agua no es ideológica ni partidaria, sino por la vida. Una eventual privatización del agua afectará a la gran mayoría de la población, sin importar opción política o religión. Esta lucha es como el agua misma, no tiene color ni olor, y va en la línea de lo que establece la ONU, la OEA y el papa Francisco, y de lo que han expresado los ciudadanos en las encuestas. Acusar de manipulables o ignorantes a los que abogan por la no privatización del agua refleja desprecio por la opinión ajena y constituye un insulto a la inteligencia de la gente, que hoy está informada y concienciada. Por eso, ningún partido debe intentar montarse sobre una lucha que no es más que la defensa ciudadana de un derecho humano.
La segunda falacia: no se quiere ni pretende privatizar el agua porque no lo permite la Constitución de la República y porque el agua es un derecho humano; lo que se desea es que haya agua en cantidad y calidad para todos. Falso. Lo que la ANEP y sus representantes en la Asamblea Legislativa buscan es que la mayoría de miembros de la institucionalidad rectora del agua sean particulares, no representantes del Estado. Y aquellos, casi por norma, no defienden más intereses que los propios, más aún en El Salvador, cuya historia está llena de casos en los que el interés particular se ha puesto por delante del bienestar de toda la población. Ahí tenemos el ejemplo de la privatización de la banca y la creación de las administradoras de fondos de pensiones. Sí, no quieren privatizar el agua, sino más bien ser ellos quienes decidan su destino. No es lo mismo, pero tiene igual resultado.
Y la tercera falacia: la administración del agua no debe estar en manos del Estado porque el vital líquido requiere una gestión técnica, no política, y porque la gestión pública es per se ineficiente. Falso y falso. Por supuesto, los criterios para decidir sobre la captación, manejo, distribución y protección del agua deben estar basados en conocimientos rigurosos y científicos, pero no hay que olvidar que la administración de un bien público tiene una inseparable dimensión política: la dimensión del bien común. La experiencia internacional demuestra que cuando no hay tutela del Estado, el acceso al agua termina generando conflicto social y no existe estabilidad en las inversiones en el recurso. Si lo mejor es que el Estado no intervenga en el tema del agua, ¿por qué prácticamente todos los países de América Latina caminan en la dirección contraria? ¿Por qué el Estado tiene la decisión sobre el agua en naciones desarrolladas como Estados Unidos, Francia y Alemania?
Por otra parte, para justificar su posición, afirman de ANDA lo que todo el mundo sabe: es ineficiente, da un mal servicio y se ha ganado el repudio de muchos usuarios. Y sí, las deficiencias de la autónoma son innegables y muchas las quejas. Por ejemplo, hay barrios enteros que no reciben el servicio durante semanas y cuando el agua llega a los chorros, no es de la mejor calidad. Sin embargo, ¿por qué en lugar de privatizar el servicio no se trabaja por mejorar ANDA institucional y técnicamente, a fin de hacerla eficiente y eficaz?
La desinformación no viene de la ciudadanía que se opone a dejar abierta la puerta para la privatización del agua, sino de quienes quieren disfrazar sus verdaderos propósitos. El movimiento no es de un partido ni del Gobierno, sino de personas, organizaciones, instituciones que no quieren que el agua se maneje como una mercancía, sino como lo que es, un derecho humano. La ANEP y sus representantes en la Asamblea han subestimado la inteligencia y la capacidad de reacción de la ciudadanía. Si al final las actuales mayorías parlamentarias valoran que el costo político es muy alto y deciden detener la discusión hasta después de 2019, que sepan que la defensa del agua seguirá, independientemente del signo del Gobierno que esté en el poder.
