Tres solicitudes que deben ser atendidas

La Conferencia Episcopal de El Salvador tuvo la semana pasada su primera reunión de este año. En ella, los obispos decidieron declarar 2020 año jubilar martirial, con la idea de celebrar especialmente algunas efemérides martiriales nacionales, para incorporar a nuestra historia actual esos ejemplos de generosidad y servicio. En esta agenda de celebraciones se incluyen los 40 años de la masacre en el río Sumpul, identificando con claridad a las víctimas inocentes con la cruz de Jesús de Nazaret.

Desde esa proclama de año martirial y desde esa invitación a sacar consecuencias solidarias para la actualidad, los obispos hacen un llamado a la Asamblea Legislativa. Le piden, en primer lugar, que la ley de reconciliación nacional ayude a establecer la verdad de las víctimas, las repare y resarza, y les haga justicia real. En segundo lugar, solicitan el establecimiento de un nuevo sistema previsional que dé una pensión digna a todos los trabajadores. Y finalmente, le piden aprobar una ley de aguas que garantice el servicio para toda la población, que impida la privatización del agua y que, dado que esta es un bien público y un derecho humano, que sea administrada por el Estado con participación pública. Tres solicitudes que la Asamblea debe escuchar y responder positivamente.

Y es importante que los diputados respondan, porque las cosas no han caminado bien. Hasta la fecha, la Asamblea parece preocuparse más por los victimarios que por las víctimas. Sigue negándose a mostrar el proyecto-borrador de ley de reconciliación que tiene ya preparado. Cuando la tarea fundamental sería acercar posiciones con las víctimas desde el diálogo, la Asamblea juega a esconder algunas de sus cartas. En la ley del agua tampoco ha habido un diálogo serio con los usuarios y con los sectores más necesitados. Tampoco da la impresión de que haya preocupación por tomar las medidas necesarias para lidiar con el cambio climático, que tendrá efectos notables en el acceso al agua en el país.

Respecto a las pensiones, es una vergüenza que en un país que dice contar con la gente más trabajadora del mundo solo disfrute de pensión un 20% de los que han llegado a la edad de jubilación. Con el agravante de tener un sistema de pensiones que favorece más al hombre que a la mujer, como lo demuestra el hecho de que hay menos mujeres jubiladas y que sus pensiones son en promedio inferiores a las de los hombres. De tomarnos en serio el artículo primero de la Constitución, que afirma que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, tendríamos que decir pública y sistemáticamente que la Asamblea Legislativa no cumple con las obligaciones constitucionales.

La Conferencia Episcopal es una de las instituciones que mayor respeto merecen en el país. Representa a una buena parte de los salvadoreños y en su trabajo y mensajes transparenta las esperanzas y deseos de muchos, especialmente de los más pobres y afligidos. Por ello, desatender sus solicitudes sería continuar con un Estado parcial y parcializado hacia unos pocos, empeñado en defender intereses particulares en vez del bien común. Y si algo dignifica a los políticos es precisamente preocuparse de lo público. Los obispos están en contacto con las necesidades de la gente. Saben de sus sufrimientos y de sus dolores. Escucharles es signo de interés y amor a nuestro pueblo; ignorarlos es afirmarse en una prepotencia egoísta que solo contribuye a que la política sea vista como un negocio de tramposos.

El Salvador vive un tiempo de renovación. Nuevas generaciones se incorporan a las responsabilidades estatales y ciudadanas, chocando con frecuencia con quienes están acostumbrados a la polarización pública y a los acuerdos debajo de la mesa. Es momento de romper inercias. Aquellos que han estado en el candelero y en la función pública demasiados años deben aprender a dialogar. Creerse dueños de la verdad en un país con tanto sufrimiento y con tan poca respuesta al mismo ni es correcto, ni ético, ni sirve para enfrentar un futuro que presenta retos y dificultades que pueden agudizar los problemas nacionales. Solo la atención a la realidad y al sufrimiento de la gente, y la capacidad de hallar salidas racionales y dialogadas a los conflictos nos llevará al horizonte que describe la Constitución.