Un acuerdo fiscal de carácter nacional

Las discusiones sobre la reforma fiscal siguen estancadas y no parece haber solución para desentramparlas. La falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para alcanzar su aprobación se debe más a los compromisos de los partidos políticos ante las próximas elecciones legislativas y municipales que a un verdadero y profundo cuestionamiento de la reforma. Ojalá que esta espera sirva para hacer una reflexión más profunda sobre la cuestión fiscal. Al respecto, es importante decir algunas cosas. En primer lugar, más allá de comentar la conveniencia o no de las propuestas del Ministerio de Hacienda, hace falta una nueva mentalidad en lo que a responsabilidad fiscal se refiere, de cara a la imperativa necesidad de que el Estado cuente con los recursos suficientes para poder cumplir su función y responder a las necesidades de la población. No hay duda de que el Estado requiere de más recursos y que una de las vías para obtenerlos son los impuestos. Tampoco es objeto de discusión que los recursos públicos deben usarse primordialmente para satisfacer las necesidades y promover el desarrollo de los grupos más vulnerables del país.

Sin embargo, es curioso que cuando se habla de responsabilidad fiscal todo el énfasis se pone en el Estado. A los funcionarios se les conmina a ser responsables con los fondos públicos y a que no gasten más de lo que logran recaudar. Eso es importante y necesario, por supuesto. Todos debemos exigir que se usen los recursos públicos de la manera más eficiente y sin empeñar el futuro; es decir, sin adquirir una deuda que después no pueda pagarse. Pero no basta con exigirle responsabilidad al Estado; es necesario también que con la misma fuerza se les demande responsabilidad fiscal a todos los ciudadanos y que todos cumplamos con la obligación de pagar los impuestos que nos corresponden. No pagar impuestos o solo hacerlo en parte es una grave irresponsabilidad que constituye una estafa al país entero. Y hay que decirlo: la elusión y la evasión fiscal son prácticas comunes en El Salvador. Prácticas que restan importantes ingresos al Estado y que le impiden cumplir con su obligación de ofrecer servicios de calidad a la población e impulsar el desarrollo nacional. Además, la elusión y la evasión fiscal obligan al Estado a endeudarse, hipotecándose así a futuro. Y esto sucede mientras los que evaden pagar impuestos se enriquecen cada vez más.

En reiteradas ocasiones, actores de peso han expresado que los programas sociales no son sostenibles y que obligan al país a endeudarse considerablemente. Sin ningún rubor afirman que los problemas fiscales de El Salvador se deben a los subsidios al transporte público, al gas y a la energía eléctrica, y a los programas sociales, como la entrega de paquetes escolares, los paquetes agrícolas y otras acciones de apoyo a los pobres. Se oponen, además, a cualquier tipo de reforma fiscal y proponen que se eliminen las ayudas gubernamentales, las que conciben como gastos. Incluso, algunos van más allá y piden incentivos fiscales (exenciones totales o parciales del pago de impuestos) a todos los que inviertan en el país. Los que hacen estas afirmaciones deberían sentir vergüenza de su poco sentido social y solidario, pues lo que en realidad proponen es que se ayude a los ricos y no a los pobres.

Esta falta de sentido social y de solidaridad con los salvadoreños más desprotegidos es parte intrínseca de la mentalidad de los que detentaron el poder en el Gobierno en las décadas pasadas. Esos que pusieron al Estado y a las finanzas públicas a su servicio. El PNUD, en su informe sobre desarrollo humano de 2013, lo demuestra con profusión de datos. A lo largo de los últimos 100 años de la historia de El Salvador, nunca se ha invertido de manera significativa en el desarrollo de la gente, simplemente porque no se ha considerado como algo importante. Siempre hubo recursos para invertirlos en lo que las élites gobernantes y los grupos de poder querían, pero no para la gente, menos aún para los pobres. Por eso, no vale escandalizarse, por ejemplo, por la deplorable situación de las escuelas públicas y por la falta de medicinas en los hospitales. No se puede exigir que los servicios públicos sean buenos si no se está dispuesto a aportar los recursos necesarios para ello. Y si los fondos son escasos, deben invertirse prioritariamente en los pobres, que han sido históricamente relegados, para satisfacer sus necesidades.

Desde la UCA, insistimos en que El Salvador necesita un acuerdo nacional sobre las finanzas públicas en el que se defina cuántos recursos se requieren y para qué. Este gran acuerdo fiscal debe responder a un proyecto de país que contemple alcanzar el desarrollo sostenible para toda la población y que en especial tenga en cuenta las necesidades de aquellos grupos que por décadas han sido relegados y que no han recibido los beneficios que les corresponden. Un proyecto de país fundamentado en la igualdad de derechos de todos los salvadoreños y en la solidaridad con los más desprotegidos y con los excluidos. Solo así podrá proyectarse un futuro de bienestar para la nación.