Un Fiscal con prisa

Mientras los ojos del pueblo salvadoreño estaban fijos en la elección presidencial, el nuevo Fiscal General anunció más de 60 nombramientos en direcciones de unidades especializadas y jefaturas; cambios que fueron conocidos por un comunicado de prensa que la institución difundió el 27 de enero a través de una red social. Aunque la elección de Raúl Ernesto Melara se realizó con el voto de 83 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, su nombramiento ha recibido serios cuestionamientos tanto por la poca transparencia del proceso que lo llevó al puesto como por su vinculación partidaria. El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, declaró que bastaron 40 minutos, después de proponerlo como Fiscal, para que la comisión respectiva llegara a un acuerdo sobre su nombramiento. Solo 40 minutos. La elección de Melara se llevó a cabo el 21 de diciembre, en la última plenaria de 2018, no sin antes haber aprobado el Presupuesto General del Estado 2019, condición exigida por el FMLN y GANA para dar sus votos por el hoy Fiscal.

Después de asumir el cargo, Melara solo necesitó 20 días para realizar cambios en la estructura de la Fiscalía. En tan poco tiempo, y considerando la magnitud e importancia de la institución, es difícil tomar decisiones responsables. Ciertamente, en su momento, Douglas Meléndez anunció una cantidad similar de cambios, y los resultados no fueron tan malos. Pero en el caso de Melara, llama la atención no solo la cantidad, sino las personas y unidades involucradas. Por ejemplo, el funcionario nombró como Fiscal General Adjunto, el segundo a cargo de la Fiscalía, a Allan Hernández, que en el caso que se sigue en contra del empresario Enrique Rais aparece en el listado de personas beneficiadas con viajes que sirvieron para pagar favores al ex fiscal general Luis Martínez. Por otra parte, Jorge Cortez fue destituido de la titularidad de la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad, desde donde dirigió las investigaciones sobre los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, para ser nombrado asesor de la oficina fiscal en Zaragoza, lo que solo puede interpretarse como un destierro.

La cuestión no debería pasar desapercibida, como parece que está siéndolo, sobre todo porque un tribunal de sentencia resolvió el 25 de enero de este año que “la sociedad entre el ex fiscal general Luis Martínez y Enrique Rais era una estructura del crimen organizado”. Esto da pie a pensar que la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía General de la República sigue activa. En este contexto, habiendo dos demandas de inconstitucionalidad por el nombramiento de Melara, y cerradas ya las dinámicas electorales, hay que esperar cómo resuelve su primera prueba seria la nueva Sala de lo Constitucional. Por de pronto, toca analizar a detalle los cambios que implemente Melara para ver si el nuevo Fiscal despeja las sombras que se ciernen sobre su nombramiento o solo las confirma.