Un lío más en la Corte

Los problemas en la Corte Suprema de Justicia muestran una vez más la debilidad de nuestro cacareado Estado de derecho. Cuando un grupo (en este caso, la Sala de lo Constitucional) quiere que la Constitución funcione, quienes están acostumbrados al mal funcionamiento legal de El Salvador se ponen nerviosos. La Sala de lo Penal en la Corte Suprema ha incurrido repetidas veces en lo que podemos llamar justamente retardo judicial. Y cuando el ciudadano ha acudido en defensa de sus derechos a la Sala de lo Constitucional, esta le ha dado la razón contra el retardo de la Sala de lo Penal. En reacción, ya están los magistrados de lo penal diciendo tonterías.

En efecto, uno de los magistrados ha dicho que la Sala de lo Constitucional llenará de criminales las calles. En realidad, si se cumplieran las leyes adecuadamente, quienes llenarían las calles de criminales son los magistrados de la Sala de lo Penal con su retardo judicial. Pero en la lógica de estos pobres magistrados, perezosos y lentos, violadores de la Constitución cuando le niegan el derecho a una pronta justicia al ciudadano, su mala función no puede ser juzgada por nadie. En otras palabras, se constituyen en jueces absolutos por encima de la propia Constitución.

La Constitución es muy clara cuando dice en su artículo 17 que "habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia". Por ende, cualquier juez que caiga en este retardo tendría que hacerse cargo de al menos una parte de la indemnización. Y si él no pudiera, el Estado debería subsidiariamente pagar dicha indemnización. Hasta el momento, los jueces se amparan, con una lógica totalmente antijurídica, en el hecho de que no hay ley secundaria que estipule el monto de la indemnización. Pero dado que la ley primaria, la Constitución, es prioritaria sobre la ley secundaria, cualquier juez podría determinar, en ausencia de ley secundaria, un estimado de la indemnización que debería pagar el funcionario que cayera en retardo judicial. Es decir, los magistrados de la Sala de lo Penal deberían agradecerle a los de la Sala de lo Constitucional que no les hayan impuesto una indemnización para quienes han sido víctimas de su retardo. Sería sin duda cómico escuchar la verborrea de uno de los magistrados más parlanchines de la Sala Penal defendiendo su bolsillo. Porque, aunque ignorante, callado nunca se queda.

En El Salvador, la Constitución ha sido violada por comisión y por omisión demasiadas veces. Francisco Flores se iba del país en ocasiones sin pedir permiso a la Asamblea. Los Gobiernos de Arena ocultaron el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado desde que la institución fue constituida por una ley de la República emitida por la Asamblea. El gobierno del FMLN lleva dos años haciendo exactamente lo mismo que Arena en ese punto, en franca violación de la Constitución. La indemnización universal, garantizada constitucionalmente, no la cumple ni el Gobierno. Los frescos magistrados de la Corte Suprema se amparan en una ley, traicionando su espíritu, para llevarse una buena e inmoral compensación a costa del contribuyente cuando se retiran de un cargo que es de designación estrictamente temporal. Y eso, claro está, después de haber practicado impunemente el retardo judicial.

El problema de esta costumbre de tomarse las leyes a la ligera es que constituye una parte fundamental de la cultura del subdesarrollo, y al mismo tiempo fomenta la permanencia en el mismo. Es cierto que tenemos serias deficiencias en la inversión económica y social; pero si seguimos con esta cultura de desprecio a las leyes, no iremos lejos. Desprecio a las leyes que está presente en todos los niveles, desde la Sala de lo Penal hasta ese sistema de convivencia ciudadana que es el tráfico vehicular, donde simplemente impera la ley del más fuerte. Si para colmo de males atacamos a los que quieren cambiar esa cultura (como hoy buscan los miembros de la Sala de lo Constitucional), tendremos subdesarrollo para rato.